La Secretaría de las Mujeres destina 39.9 millones de pesos (mdp) al despliegue de 279 profesionistas contratadas como promotoras y brigadistas en todo el país, con el objetivo de prevenir y erradicar el embarazo en niñas de 10 a 14 años, así como reducir la maternidad adolescente.
Los recursos, que proceden del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM 2026), se ejercen a través de donativos transferidos a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), y corresponden al Programa Presupuestario “Política de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres”.
A través de este esquema, en una primera convocatoria se destinaron 25.4 mdp para la contratación de 150 profesionistas (50 promotoras y 100 brigadistas) en 50 municipios de 19 entidades; mientras que, en la segunda convocatoria se asignaron 14.5 mdp para sumar a 129 profesionistas (43 promotoras y 86 brigadistas) en 43 municipios de 18 estados.
Bajo la encomienda de la subsecretaria de Igualdad Sustantiva, María Elvira Concheiro Bórquez, de llevar la política pública a los territorios donde históricamente ha existido menor presencia institucional, las promotoras y brigadistas recorren comunidades rurales, ejidos, rancherías y zonas costeras.
Cruzan ríos, atraviesan montañas, se desplazan por caminos donde en ocasiones sólo es posible avanzar a caballo, para llegar a los rincones más apartados del país y garantizar que la información, los derechos y las acciones de esta estrategia, también estén presentes en esos municipios. Ahí fortalecen la prevención del embarazo en niñas y adolescentes.
El objetivo de este despliegue es atender de raíz las condiciones de exclusión, pobreza y marginación que afectan a las niñas y adolescentes más vulnerables, particularmente en zonas indígenas y afromexicanas.
Para ello, las brigadistas y promotoras utilizan materiales pedagógicos y de sensibilización, diseñados por esta dependencia, articulados en nueve tipos de intervenciones clave: comunitarias; casa por casa, con personal docente; personal de salud; servidores públicos municipales y autoridades comunitarias; madres, padres y personas cuidadoras; niñas, niños y adolescentes; espacios públicos; y Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).
Esta estrategia busca transformar las dinámicas sociales e institucionales que normalizan la violencia sexual y las uniones tempranas. Además, garantiza el acceso a una educación sexual integral, promueve servicios de salud responsables que atiendan oportunamente el abuso sexual y fortalece el diálogo con las comunidades bajo el principio de que los derechos y la dignidad de las niñas están por encima de cualquier costumbre.
