Las crecientes denuncias por casos de despojos cometidos contra propietarios en la Ciudad de México ha puesto en evidencia cómo operan las redes delincuenciales en contubernio con autoridades, jueces y abogados corruptos, exige la intervención inmediata de los órganos de vigilancia del Poder Judicial y de las fiscalías, así como reformas al Código Penal Federal en materia de fraude procesal.
Ante este panorama, la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira de la Rosa, recordó que desde enero pasado presentó iniciativa de reformas al Código Penal Federal, la cual se encuentra congelada en comisiones, que busca tipificar el fraude procesal cometido por jueces y abogados que actúan como mafias contra propietarios legítimos de un bien.
Advirtió que preocupan los datos recientes en la capital, donde se habla de mil 966 denuncias por despojo en el primer semestre de este año. Sobre todo, porque son casos recientes que se suman a la lamentable estadística de hasta 25 mil carpetas de investigación abiertas desde el año 2000, tan solo en la Ciudad de México.
Hizo notar que, aunque el gobierno capitalino presentó el año pasado una estrategia para combatir este delito, que incluye sanciones de hasta 22 años por la comisión de este delito y la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo dependiente del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, resulta insuficiente y es necesario que haya un respaldo legal federal.
“La reunión de la semana pasada entre funcionarios capitalinos con un centenar de afectados en Benito Juárez, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, se dio a raíz de que trascendieran los despojos en la colonia Del Valle, pero debe ampliarse a una revisión de caso por caso que se denuncie”, indicó la senadora.
Subrayó que ha sido la acción ciudadana la que ha impedido despojos, como el de la calle Matías Romero 18 en la colonia Del Valle, donde una mediadora reconocida por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México conocida como Virginia “N” fue acusada de este delito por los propios vecinos, al intentar invadir la casa y despojar a sus habitantes con documentos falsos.
Otro caso relevante es el del predio Teopanixpa, ubicado frente al Santuario de la Asunción de María en el barrio de Santa Martha y perteneciente a la comunidad indígena nahua agraria de Milpa Alta, donde sus habitantes legítimos pretenden ser desalojados por el juez del Juzgado 34, Jafet Rodrigo Bustamante Moreno, quien pese a que la Tercera Sala Civil falló a favor de la familia Villanueva Rodríguez, pretende acreditar el inmueble a una mujer que dice haberlo comprado por 18 mil pesos.
“Deben parar estos actos ilegales y los órganos de vigilancia del Poder Judicial, de las fiscalías y de las autoridades delegacionales están obligados a revisar la actuación de sus jueces, ministerios públicos y funcionarios, porque la mismaautoridad del gobierno de la Ciudad de México ye reconoció en la reunión de la semana pasada que existen redes de despojo”.
En ese sentido, exhortó al Senado a colocar este tema como prioritario y discutir en septiembre la iniciativa de reformas turnada a la Comisión de Justicia que propone adicionar un Capítulo III denominado Fraude Procesal, con un artículo 227 Bis al Título Décimo Primero del Código Penal Federal.
Para determinar que, “al que con el propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo, en beneficio de sí o de otro, altere o simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a engañar o inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con independencia del resultado final del proceso judicial o administrativo que se trate, se le impondrán de doce meses a ocho años de prisión y multa de cincuenta a doscientos cincuenta veces el valor diario de la UMA”.
Ello sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, como la falsedad en declaración o informes y falsificación de documentos. Si el valor del lucro o del beneficio indebido excede de cinco mil veces la UMA, la pena se incrementará hasta en una mitad más.
Cuando en la comisión de este delito participe un profesional del derecho, perito o litigante legalmente autorizado, además de las penas anteriores, se le suspenderá el derecho de ejercer dicha actividad por un término igual al de la prisión impuesta, aseveró.
