Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
Yo te creo, pero… ¿qué pasa cuando una figura política presuntamente participa en una falsa denuncia de violencia sexual de acuerdo al señalado, que también es un actor político?
Tal es el caso que ha enfrentado a dos figuras de la política de Nuevo León: la exdiputada Karina Barrón, actual funcionaria municipal en Monterrey, y al senador Waldo Fernandez, de la bancada oficialista.
Durante las elecciones al Senado en Nuevo León de 2024, Karina Barrón Perales fue acusada de participar en la fabricación de una denuncia falsa de violación contra Waldo Fernández, su rival político. Tras investigar, la Fiscalía determinó posibles delitos relacionados con falsedad de declaraciones, lo que desató un proceso judicial y discusión sobre las denuncias de violencia sexual en campañas electorales.
Este caso va más allá de la escena política: expone una tensión que prevalece en la sociedad actual. La lucha contra la violencia sexual y la posible instrumentalización de ésta como arma. Cuando esto sucede, se corre el riesgo de que la credibilidad de las víctimas se vea afectada.
Históricamente la violencia sexual es difícil de probar. Este tipo de delitos son los únicos en los que la afectada tiene que demostrar que, en efecto, es una víctima legítima y no una provocadora o causante de la violencia de la que ha sido objeto.
Actualmente la exdiputada es acusada de haber participado en un montaje en la denuncia contra el ahora senador; por eso ahora enfrenta cargos y está detenida mientras se investiga el caso en el que se ha señalado que, incluso, se le pagó a la presunta denunciante.
Y, por supuesto, en caso de que se demostrara que la denuncia fue falsa o manipulada, se reforzaría el discurso de desconfianza que prevalece de forma histórica contra las víctimas, en el que se privilegia al agresor por sobre la afectada.
Desde el feminismo, si bien la estadística demuestra que las denuncias falsas son mínimas, es imposible negar que existen. Si bien en México no existe como tal un estudio de esta incidencia, de acuerdo con información de otros países, las denuncias falsas se suelen ubicar entre aproximadamente 2% y 8% de los casos reportados, dependiendo del método de clasificación y del sistema judicial.
Y si bien es innegable esta incidencia, en México el problema de fondo es la impunidad. Lo cual conlleva a una cifra negra de grandes dimensiones, pues aproximadamente 99% de los delitos sexuales no se denuncian.
Ante este panorama, de comprobarse que Karina Barrón promovió la violencia sexual como arma electoral, por supuesto que debe de sancionarse, pero con el debido proceso. Eso sí, lo que debería de considerar el senador Waldo Fernández es que con el desmantelamiento del Poder Judicial que su bancada promovió y avaló, y la opacidad en la división de poderes, difícilmente alguien creerá en la neutralidad de la impartición de justicia. El proceso judicial lo podrá ganar legalmente, pero legitimar su actuación… será otro cantar.
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