Por. Ivonne Melgar
Sin una sola condena al crimen organizado, y a la violencia que sus protagonistas ejercen, la presidenta y su partido han colocado sus energías en descalificar las movilizaciones que reclaman seguridad.
Se busca cambiar el foco del mayor problema del país, que es el poder de la delincuencia y su capacidad para eliminar a quienes lo enfrentan, acusando a los ciudadanos inconformes de obstaculizar el camino a la justicia.
La fórmula ya ha funcionado. En el sexenio anterior, ante la crisis de seguridad, el gobierno logró echarle la culpa de la impunidad al Poder Judicial.
Esta vez, ante las marchas ocurridas del 15 de noviembre y el desaseo de la policía que reprimió y detuvo a decenas de manifestantes, la presidenta ha tildado a organizadores y participantes de violentos y manipulados.
Ignorando la exigencia de seguridad, la nueva estrategia del gobierno es echar en un mismo costal la inconformidad, la crítica ciudadana y los partidos políticos que no le son afines, acusándolos de azuzar la intervención extranjera.
No deja de ser paradójico que se equipare el derecho a la protesta con “convocatorias a la violencia”, desde un lenguaje oficial que llama “generadores de violencia” a los operadores de los cárteles.
Se trata de una criminalización del acto ciudadano de pronunciarse sobre el ejercicio del poder y las funciones públicas.
Frente a esa satanización de protesta y del derecho a disentir, resulta indispensable recordar que éste es un derecho humano garantizado por la Constitución y diversos instrumentos internacionales.
De ahí la relevancia del rol que desempeñen ahora la oposición, la sociedad civil, la comunidad jurídica y académica y los periodistas en la defensa de una libertad fundamental para la democracia.
Y son diversas las voces que se han alzado estos días para reivindicar el derecho a la protesta.
Destaca lo realizado por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) de Jorge Romero que, retomando las empolvadas lecciones de Luis H. Álvarez y Manuel Clouthier, ha centrado su discurso en la libertad de manifestación.
Es una defensa del derecho a la protesta que debe darse junto con la exigencia al Estado de la garantía de la seguridad pública. Porque hoy resulta indispensable reclamar a sus autoridades que esa demanda pueda realizarse en paz, al margen de provocaciones de células paramilitares que históricamente han reventado las manifestaciones legítimas para enlodarlas.
De ahí la relevancia del anuncio que el dirigente del PAN hizo este miércoles de que se presentará en la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Protección a las Protestas Pacíficas.
Argumentó Jorge Romero que frente a las prácticas de provocación, ya documentadas, es urgente contar con “un marco normativo que proteja a las personas que se quieren manifestar pacíficamente”.
Al anunciar esa medida que habrá de concretarse el próximo martes, el dirigente opositor también habló de la tergiversación que el gobierno ha hecho de sus declaraciones.
Reseñó Jorge Romero que al ser cuestionado por la periodista Azucena Uresti respecto a dónde estaba la oposición, él le dijo que en todos los espacios en los que era posible expresarse.
“Y en ese contexto le respondí que literalmente de todo lo que ha hecho la oposición lo único que no ha hecho es la violencia. Y ahora ellos (gobierno y su partido) lo quieren usar como que es lo único que nos falta. Como diciendo que es lo que sigue”, contó el líder opositor.
Detalló Romero que, al manipular sus declaraciones, se omite la parte de la respuesta en la que enfatiza que como oposición que respeta a las instituciones, su partido jamás recurriría a la violencia.
La precisión del panista no puede tomarse anecdóticamente cuando desde la máxima representación del Estado se acusa de violentos a quienes defienden o practican la protesta y la crítica.
José Elías Lixa, coordinador de los diputados panistas, confirmó la presentación de la reforma al Artículo 9 constitucional para que expresamente esté garantizado el derecho de reunión y protesta pacífica, estableciendo los límites de actuación del propio gobierno.
“Que quede claro que el derecho a protestar es un derecho humano de los ciudadanos y quien tiene que estar limitado es el Estado en su actuación”, definió.
En los mismos términos se pronunció la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, la también legisladora panista Kenia López Rabadán señalando este 20 de noviembre que “hoy es necesario respetar a la ciudadanía y sus posiciones. Y, sí estás de acuerdo, acompañarlas, y si no estás de acuerdo, no señalarlas; lo digo, porque eso hace un demócrata”.
Son mensajes que, de consolidarse en el mediano plazo, bien podrían abonar en el ofrecido relanzamiento del PAN que ha hecho Jorge Romero, con una estrategia que nos recuerde la foto en la que Luis H. Álvarez y Clouthier se colocaron una cinta adhesiva en los labios donde, en defensa de la resistencia civil, se leía “Que hable México”.
