Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025.
Con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos legisladores expusieron que las 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada; y 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.
El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna. Asimismo, insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, señaló Gutiérrez Luna.
Subrayó que el promedio mínimo no solo es un requisito formal, sino un criterio que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiren a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático.
Finalmente, solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.
