Por. Gerardo Galarza
Sin necesidad de ninguna averiguación -los hechos son los hechos y están a la vista de todos- es absolutamente cierto que ya hay dos candidatas a la Presidencia de la República en plena campaña electoral, mediante el eufemismo cínico de definir a las aspirantes como “coordinadoras” de tal o cual membrete.
Ambas campañas, la del Frente Amplio por México (FAM) y la de Morena, violan la legislación electoral. Son resultado de la cultura política que el PRI ha impuesto al país desde hace más de 90 años.
Fiel continuador y “actualizador” de ella, el presidente de la República ha “destapado” a su “corcholata”, que junto con sus presuntos competidores internos tienen muchos meses recorriendo el país con su circo electoral. La oposición, que dice ser diferente, tiene varios meses haciendo su propia campaña, bajo el criterio que “tenemos que hacer algo porque se nos están adelantando”, “no debemos perder tiempo”, “nos están comiendo el mandado”, “no debemos dejarles el campo libre”, y otras justificaciones inaceptables.
Si para el presidente de la República, según lo ha expresado, “no me vengan con que la ley es la ley”, la oposición ha asumido el mismo comportamiento ilegal. Hay que decirlo, aunque se molesten. En esto, son iguales. Total: qué tanto es tantito, dirán.
Y no se trata de puritanismo; se trata de la vigencia del Estado de derecho. Es cuestión de principios, no de pragmatismo.
Hace años, en 1987 con precisión, el entonces líder de Partido Mexicano Socialista (PMS), el único que unió a toda la izquierda mexicana, don Gilberto Rincón Gallardo le dijo al escribidor que la primera lucha opositora debía ser contra la cultura política priista que carcomía al país.
De a deveras de izquierda, Rincón Gallardo sabía que la corrupción estaba presente no sólo en las actividades políticas, sino también en toda la vida cotidiana de los mexicanos y que por ello había que combatir todas sus prácticas. Los partidos políticos y los ciudadanos estaban, están, obligados a alejarse, rechazar y combatir tales prácticas, convertidas, sí, en cultura nacional.
La modesta primavera democrática mexicana, -producto de luchas inconmensurables de cientos de miles, quizás de millones de mexicanos- no ha alcanzado para tanto. Hoy las prácticas políticas del priismo rancio siguen vigentes tanto en el partido oficial como en la oposición, sostenidas en la violación a legislación.
Es muy probable que la actual legislación electoral sea muy estricta y restrictiva ,y también que un buen jurista logre demostrar que, inclusive, sea violatoria de algunos derechos humanos fundamentales.
Pero, contraria a la palabra presidencial y a la actuación de la oposición, es la ley. Una ley surgida del reclamo popular, opositor, ante los desmanes del peor de los priismos, aquel que tenía el control de la legislación y la autoridad electorales, que organizaba los comicios, que amenazaba y reprimía a los opositores; que controlaba las casillas electorales, el padrón electoral, las credenciales para votar, inducía, obligaba y compraba sufragios, se robaba las urnas, y además hacia el conteo de los votos. Por si fuera poco, las campañas del PRI eran financiadas con el dinero público.
Contra ese desastre hubo millones de mexicanos que lucharon, -incluido el hoy presidente de la República, que hoy intenta restaurar el viejo orden, la vieja cultura priista de la corrupción del carro completo electoral- y lograron nuevas leyes que trataron, sí con muchas restricciones, de amarrarle las manos al PRI y al gobierno.
El PRI de los años 60 y 70 y su cultura política siguen vigentes ¡Cuánta razón tenía don Gilberto Rincón Gallardo!
