Como parte de la investigación por el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió proceder penalmente contra el director del Instituto, Francisco Garduño.
A través de un comunicado, la FGR detalló que esta medida también incluye a Antonio López Díaz, director general de Control y Verificación, por incumplir con sus obligaciones de proteger a los migrantes en la mencionada estación.
“Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”, se lee en el documento.
Asimismo, se ha procedido contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las más de 60 víctimas del incendio.
La FGR recordó que en la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Huma,nos (CNDH), que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, destacó la Fiscalía.
Asimismo, refiere que la empresa de seguridad privada y el INM suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, agregó.
La FGR señaló que la investigación continuará su curso “hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”.
