Al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto intentó deshacerse de la estela de sangre que heredó de su antecesor. Durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, y en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”, se registraron 121 mil 683 homicidios, de acuerdo con cifras del Registro Civil y del Ministerio Público recabadas por el Inegi http://bit.ly/1T87ZZq
La estrategia del mexiquense fue minimizar el tema y apostar a su propia agenda: la aprobación de las reformas estructurales. Y lo consiguió. En los primeros 20 meses de su sexenio consiguió el aval para 11 de ellas: la Educativa, la Energética, la de Telecomunicaciones, la Hacendaria, la Político-Electoral, la de Transparencia, la Laboral y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, por mencionar algunas.
Sin embargo, la realidad lo alcanzó. El 26 de septiembre de 2014, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzipapa, Guerrero, desnudó la realidad de ese México violento que nunca se fue.
El Semáforo Delictivo confirmó que en el primer semestre de este año, la cifra total de asesinatos llegó a 12 mil 155, 2 mil 855 más que en el mismo periodo de 2016 cuando se contabilizaron 9 mil 300. De esas muertes, 72% fueron ejecuciones atribuibles al crimen organizado.
Santiago Roel, director de la organización, alertó que de continuar así, el año cerrará con más de 24 mil homicidios y más de 16 mil ejecuciones, y “será el peor año de la historia reciente de México”, incluso por encima de 2011, cuando la “guerra contra el narcotráfico” estaba en plenitud y se reportaron 27 mil 213 homicidios dolosos.
Y si había dudas sobre la veracidad de esa información, días después, el Inegi dio a conocer que en 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios; es decir, una proporción de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, lo que lo convierte en el peor año desde 2012, cuando se cometieron 25 mil 967 asesinatos http://bit.ly/2uWHkbO
Esa cifra representa la peor de los últimos 20 años, ya que la tasa máxima de homicidios se registró en 2011, último año del sexenio calderonista, cuando se cometieron 23 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Y como botones de muestra del terror, la mañana del pasado jueves fueron hallados 10 cuerpos apilados frente a una casa en la colonia Viveros, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los cadáveres tenían signos de tortura y junto a ellos había un manta con un mensaje: “No estamos jugando”.
En las calles de la delegación Tláhuac, de la Ciudad de México, la tarde del jueves 20 se vivió una verdadera pesadilla. Autobuses incendiados, mototaxis atravesados en calles y avenidas para impedir el paso de los cuerpos de seguridad y pánico en la población, todo al más puro estilo de los narcobloqueos en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.
Se trató de un operativo coordinado por la Secretaría de Marina y la Policía Federal, con apoyo de la policía capitalina, para capturar a Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, identificado como el líder del Cártel de Tláhuac, que controlaba la venta de droga, la extorsión, el cobro de piso y otros delitos en la zona oriente de esta capital. Junto con él fueron abatidos siete de sus cómplices.
¿Y cuál es la respuesta de las autoridades? Tratar de negar lo obvio. Intentar justificarse al asegurar que el incremento de la violencia es producto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor a partir de hace apenas un año. O deslindarse al señalar que esos delitos son del orden federal y que corresponde al gobierno de la República enfrentarlos, enviándoles soldados y marinos, cuyas atribuciones no son de seguridad pública.
Al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto intentó deshacerse del lastre sangriento que le dejó Calderón Hinojosa. Hoy está apunto no sólo de repetir la historia, sino de superarla. Es casi imposible que en los 16 meses que le restan de gobierno se pueda revertir esta situación. Así que la o el próximo mandatario tendrá que enfrentar una herencia maldita, con la que cargaremos todos los mexicanos.
