Lo que este lunes decidió el Consejo General del INE no puede minar más la credibilidad de sus miembros.
El viernes pasado tenía que dictaminar sobre la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos en el proceso electoral 2017 en Veracruz, Nayarit, Estado de México y Coahuila pero dieron un receso de 48 horas para que los partidos conocieran los dictámenes sobre el uso de sus recursos.
Este tema es crucial, pues la elección de Coahuila estaba a punto de anularse. No conformes con el receso de sábado y domingo, los consejeros electorales le dieron 24 horas más a los partidos para que acrediten que no les pagaron a sus representantes de casilla en el proceso electoral.
Dicen los dueños del INE que ya no es ciudadano, que no le avisaron a los partidos que tenían que llenar unos formatos en los que cada uno de los representantes de cada partido ante las casillas no cobró ni un quinto por estar cuidando votos por más de 16 horas.
En el caso de Coahuila, por ejemplo, si no se toma en cuenta el gasto que representó el pago a esos militantes, Miguel Riquelme vería reducido en 3 millones 200 mil pesos su rebase al tope de campaña. Guillermo Anaya lo bajaría en 2 millones 500 mil pesos. Aún con ello, podría anularse la elección pero más sucio no puede ser el juego.
Los consejeros electorales no se ponen de acuerdo en cuánto fue lo que NO comprobó cada partido.
Obvio, la unidad de fiscalización del INE está haciéndole el juego a alguien.
No pueden salir que la causa es el llenado de unos formatos y que, como no se les avisó a los partidos, se violentó su derecho de audiencia. Por ello les dieron 24 horas más para solventar su falta.
¿De veras los miembros del INE creen que aún nos chupamos el dedo?
La ilegalidad con la que se condujeron los actores políticos en las cuatro elecciones del 2017 fue tolerada, solapada y hasta justificada por la institución que debía ser garante de la sociedad ante esos organismos de la llamada clase –que no tienen- política.
A Lorenzo Córdova, al mando de sus compañeros consejeros, con alguna excepción, le han quitado la poca credibilidad que tenía el INE.
Con decisiones como esta, los consejeros electorales hacen un socavón a la maltrecha democracia mexicana.
Mide los mismos delitos con diferente rasero, según sea la entidad la que se trate de calificar. Si en Coahuila algo es ilegal, es totalmente legítimo y legal en el Estado de México.
Y el cuento de que no les pagaron a los representantes de casilla, representantes generales y promotores del voto, que se los crea su abuela.
Y si en caso que eso hubiera sucedido, habrá que ver en los bolsillos de quién quedó esa millonaria suma que TODOS los partidos usan el día de la jornada electoral.
Los corruptos y vividores de cada elección han de estar bien contentos. ¿O no?
