Por. Ivonne Melgar
Cuando el presidente López Obrador les pidió a los diputados del PRI que se rebelaran contra su dirigencia es porque sabía que Rubén Moreira Valdez estaba al frente de un grupo que sí quería votar a favor de la reforma constitucional eléctrica.
Como lo declaró en tribuna este domingo 17 de abril el jefe de los priistas en San Lázaro, en el ánimo de su bancada pesaba la conclusión de que “hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido”.
El exgobernador de Coahuila no pudo convencer al dirigente del PRI, el también diputado Alejandro Moreno Cárdenas, quien antepuso el pragmatismo de la sobrevivencia: mejor aliado del PAN que satélite de Morena.
Moreira Valdez terminó por ceder y disciplinarse a la definición de su partido: mantener la coalición de Va por México por el resto del sexenio.
A juzgar por la reacción del presidente López Obrador y los reclamos de Morena en la Cámara de Diputados, más que cambios legislativos para un mayor control del mercado por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los promotores de la reforma buscaban ampliar sus márgenes de poder político.
Las declaraciones mañaneras lo constatan: al mandatario no le preocupan las demandas de los inversionistas extranjeros. Lo que le duele es que los priistas se hayan negado a esa unión retórica y simbólica que les ofreció a través de reivindicar juntos al presidente López Mateos y su nacionalización de la industria eléctrica.
Y aunque el presidente López Obrador sostiene que sus propósitos de soberanía energética están garantizados con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la llamada Ley Bartlett, sigue llamando a Morena y a sus seguidores a desplegar un linchamiento electoral contra “los traidores a la patria”, léase, los diputados del PAN, PRI, PRD y MC que, según insiste, ya se desnudaron como “un solo bloque conservador”.
Se trata de una disputa política que busca y seguirá buscando seducir, someter, sujetar, anexar y dividir a los priistas que aún se resisten a la hegemonía presidencial y que ahora se vuelven todavía más codiciados, en tanto se dicen firmes en la alianza con Acción Nacional.
Son sin duda aspiraciones viables para un López Obrador que, en plena efervescencia electoral de 2018, consiguió que Peña Nieto le cerrara el paso a cualquier arreglo del PRI con el PAN e hiciera el trabajo sucio de perseguir al abanderado presidencial panista.
¿Por qué no iba a lograr una negociación con los 70 diputados priistas, si antes construyó diferentes acuerdos con sus gobernadores en Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Campeche y Oaxaca, a quienes los representantes de Morena en el Congreso jamás criticaron?
Quizá ya hemos normalizado estos detalles que, sin embargo, ilustran el resguardo que el partido en el poder hace de Peña Nieto, nunca nombrado en el debate eléctrico, aun cuando fue el artífice de la demonizada reforma energética de 2013.
Priista hasta 2017, el jefe de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, confió en que la estrategia de avasallamiento presidencial con los del PRI habría de reproducirse a nivel parlamentario. Por osmosis, sin necesidad de sentarse a arrastrar el lápiz y a construir consensos.
Porque el ejercicio de la política entre representantes de diferentes filiaciones partidistas está descartado en un López Obrador que, además y él lo sabe, cuenta con la admiración de amplios bastiones priistas por su liderazgo y capacidad de hacer sentir siempre la plenitud de su poder. Como sucedía en los mejores días de Salinas de Gortari.
Y es que en realidad el presidente de la República no necesitaba a los priistas para sentarse a la mesa a renegociar contratos y permisos con productores privados de energía, como terminará sucediendo y como se lo pedían desde antes de la reforma los empresarios. No.
Lo que sucede es que a falta de un partido en serio, porque Morena sólo es la marca del movimiento social que él liderea desde sus conferencias matutinas, la 4T sigue necesitando a los priistas y a los expriistas, a quienes da prioridad a la hora de repartir candidaturas.
El próximo 5 de junio, Oaxaca, otrora bolsa de votos priistas, pasará a manos de Morena. Lo mismo puede ocurrir en Hidalgo, donde es un secreto a voces lo poco que le importa al gobernador Omar Fayad apoyar a su compañera de partido Carolina Viggiano, abanderada de la coalición Va por México, y esposa del diputado Moreira, a quien López Obrador colocó con jiribilla en la lista de posibles presidenciables.
Paralelamente, el presidente de la República enviará pronto sus reformas en materia electoral y de Guardia Nacional al Congreso, donde de nueva cuenta someterá a prueba la cohesión de la alianza opositora.
Y más que seguir descalificando al Instituto Nacional Electoral (INE) e imaginar en voz alta su hipotética destrucción, Morena y su máximo líder necesitan contener el avance de Va por México en el estado de México y en Coahuila en 2023. Y en las elecciones presidenciales de 2024. De eso se trató la batalla perdida del domingo. Pero la guerra seguirá.
