La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México.
La Oficina llamó a las autoridades a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, y les urgió a tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa.
A través de un comunicado, refirió que en las primeras diez semanas de este 2022, la Relatoría Especial ha recibido al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística.
Entre enero y marzo, la Oficina ha sido informada sobre el asesinato de Roberto Toledo, en el estado de Michoacán; Heber López Vásquez, en el estado de Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, en el estado de Sonora; y Juan Carlos Muñiz, en el estado de Zacatecas.
En 2021, la Relatoría registró al menos diez crímenes contra periodistas en México. Anteriormente, esta Oficina se había pronunciado sobre el asesinato del reportero José Luis Gamboa Arenas, en el estado de Veracruz y de Alfonso Margarito Martínez Esquivel en el estado de Baja California; y, junto con la CIDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en el estado de Baja California. Durante este período, la Relatoría también documentó al menos dos atentados contra reporteros, uno de los cuales se encontraba acompañado de escoltas asignados por el Mecanismo Federal de Protección al momento de los hechos. Por otro lado, la Relatoría ha recibido información sobre recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales.
En este marco, la Relatoría manifestó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México, y reiteró que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática.
Así mismo, la Relatoría destacó los esfuerzos emprendidos por el Estado par atender esta crisis de seguridad, entre los cuales las autoridades han destacado el plan de creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y como medida complementaria el trabajo con la UNESCO para la capacitación de los diversos órdenes de gobierno.
Sin embargo, la Relatoría consideró que los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección vigente no han sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas. Los esfuerzos mencionados sobre ajustes estructurales al sistema de protección y la anunciada capacitación de funcionarios están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación. Y los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación.
En este sentido, la Relatoría llamó a las autoridades a reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra.
Debido a que observó “fragilidad en las garantías a la libertad de expresión en México”, por lo que pidió abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas.
