Por. Marissa Rivera
El 11 de noviembre del 2021 desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la diputada duranguense Yolanda de la Torre, provocó algo inesperado.
Que todas las fracciones representadas en la Cámara analizaran una reserva al Presupuesto de Egresos.
Era una reserva noble, generosa y necesaria: la accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad.
Se trataba, dijo, de la diferencia entre ejercer sus derechos o nunca hacerlos.
De qué sirve un derecho si las personas discapacitadas no pueden salir de sus casas, porque no tienen condiciones de movilidad.
De que sirve tener sueños, tener deseos de salir a estudiar, a divertirse, a trabajar, a rehabilitarse, a visitar a sus amigos, si afuera no existen las condiciones.
De los 20.8 millones de personas con discapacidad que hay en México, 8 millones de ellos tienen problemas de movilidad.
Su discurso sensibilizó a los coordinadores, pero su propuesta de etiquetar fondos para la accesibilidad al transporte público no tuvo éxito. La bancada de Morena no le cambió una coma a ese presupuesto.
El 27 de enero de 2022, Blanca Estela, madre de familia y enfermera, murió cuando cruzaba la avenida Insurgentes. Una camioneta dio vuelta a la izquierda, la impactó y la mató.
Su homicidio sigue impune. Autoridades capitalinas dejaron solo al esposo. No hubo asesoría legal, ni apoyo psicoemocional ni apoyo en los gastos funerarios como lo prometieron.
Estos son solo dos de los miles de incidentes que pretende resolver la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en comisiones, en la Cámara de Diputados.
El propósito es proteger a peatones, personas con discapacidad y movilidad limitada, ciclistas, usuarios de transporte público, repartidores y menores de edad que viajen en un auto.
Una Ley que da prioridad a los derechos humanos, la movilidad, la salud y la información.
Que busca reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales y así evitar las 16 mil muertes al año.
Propone límites de velocidad en autopistas y carreteras federales, así como pruebas de alcoholímetro permanentes.
Crear un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, para priorizar el desplazamiento de las personas.
Sin embargo, hay varios temas que enfrenta el país en temas de movilidad y seguridad y ojalá esta Ley, los pueda resolver.
Por ejemplo, las mujeres son las que realizan el 53 por ciento de los viajes en transporte público. ¿Qué beneficios o mejoras podrán traer para ellas?
Quienes viven en zonas remotas o alejadas de su centro de trabajo gastan un promedio de mil 815 pesos mensuales. ¿De qué manera se beneficiará a esta gente trabajadora?
Hay zonas en todo el país que son inseguras y exponen a la población más pobre a las peores condiciones de inseguridad.
El uso del cinturón de seguridad a conductores y pasajeros, de vehículos particulares, así como el uso del celular mientras se conduce deberán legislarse a nivel nacional.
¿Qué pasará con los sistemas de justicia en el país, que frente a un accidente vial no muestran empatía ni con las víctimas ni con los familiares?
¿Qué garantías habrá para que las personas con discapacidad puedan moverse de manera segura y accesible?
¿Será obligatorio que el propietario de un vehículo tenga un seguro de daños a terceros? Porque no tenerlo implica una carga para el erario en Salud Pública.
En México diario fallecen un promedio 40 personas por accidentes viales.
Este tipo de percances, según la Organización Mundial de la Salud son una nueva epidemia, por el grave problema de salud pública que representan.
Nuestro país ocupa el séptimo lugar en el mundo, en defunciones por siniestros viales y el tercero en Latinoamérica.
Accidentes que son la quinta causa de muerte entre jóvenes mexicanos de 15 a 24 años.
El 50 por ciento de los siniestros ocurren por consumo de alcohol; 30 por ciento por exceso de velocidad y 20 por ciento por el uso de distractores, como teléfonos celulares.
El proyecto es ambicioso.
Ojalá y no sea una promesa más.
