Por. Saraí Aguilar
No hay peor desgracia que la muerte, que el no tener siquiera la certeza de ésta. Una desgracia tan frecuente en México. El calvario de las desapariciones forzadas. O más bien de las familias de ellas, que se quedan a rondar el país en busca de una pista, de un elemento que les dé paz a sus almas.
Se puede entender desaparición forzada desde la definición que marca Amnistía Internacional en su portal web: “Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados, como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional.”
Ante ello, una delegación de cuatro expertos del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) recorrerá 12 estados de la República mexicana para documentar este viacrucis. En un comunicado fechado en Ginebra, Suiza, Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la delegación del CED, alertó sobre el registro de 94 mil personas desaparecidas en México, hasta el 11 de noviembre, y consideró que la “interlocución directa con las autoridades del Estado, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de derechos humanos es clave” para contribuir a la “erradicación y prevención de las desapariciones forzadas en el país” (Proceso 12-11-2021)
La visita que dio inicio el 15 de noviembre y concluirá el 26 de noviembre tiene por objetivo la reunión con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones internacionales entre otras; la asistencia a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas, y la visita a cárceles y centros de detención, “para examinar sus sistemas de registro como medio para prevenir las desapariciones forzadas”. Presentarán un informe preliminar al término de ésta y en marzo de 2022, darán una serie de recomendaciones a partir de los resultados.
De acuerdo con la doctora Teresa Villarreal, en el marco del Círculo de Análisis sobre Derecho y Justicia, que organiza el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), “las expectativas para el caso de México no son muy halagüeñas en lo referente a la prevalencia del problema, porque en el actual sexenio sigue la ocurrencia de la desaparición de personas, sigue sin haber claridad de si se trata de desaparición forzada por particulares o de qué otro tipo de delitos.”
¡94 mil personas al menos de las que no sabemos dónde están! Personas que se esfumaron sin dejar rastro. Y nos hemos acostumbrado tanto a la barbarie que no nos causa asombro porque es la población de algunos municipios del país. Una herida que daña en definitiva el tejido social dejando hogares en incertidumbre y con dolor que no tiene respuesta.
Mientras, en el país, para el Ejecutivo federal, es más importante despedir funcionarios por bodas suntuosas que exigir resultados para encontrar a los desaparecidos.
Así las prioridades.
