Por. Saraí Aguilar
Con ocho votos a favor y tres en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 55 millones de pesos al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por haber recibido aportaciones económicas en especie de su esposa Mariana Rodríguez, sin haberlas reportado a la autoridad, a lo que se desataron diferentes reacciones en diferentes sectores sociales y el obvio rechazo de la sanción de parte del gobernador electo, así como de la influencer y su partido, entre otros.
Al margen de donde se encuentre la verdad jurídica y lo que termina siendo de más peso, como se logren acomodar los alegatos en los vericuetos y vacíos legales en los temas de regulación de promoción del mercado emergente de las redes y uso de influencers para promover el tráfico en las plataformas, lo que se plantea en esta columna es el uso de la bandera de género como un estandarte en búsqueda de simpatías o votos de forma recurrente en los políticos y este caso no es la excepción.
El gobernador electo Samuel García acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, quien refirió que el INE pretende con ella catalogarla “como un producto y/o moneda de cambio, violentando sus derechos humanos, pues según su dictamen, la obliga a elegir entre participar activamente en la campaña, o poder ejercer libremente su profesión”. La instagramer siguió la misma estrategia en sus redes.
Es extraño en primer lugar que quien como candidato se negó a contestar y participar en conversatorios de agenda feminista, hoy use el estandarte como grito de guerra. Pero más allá habría que definir qué es violencia de género para no usar el término a la ligera y desvalorizar a las mujeres que sí la sufren.
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.
Dentro de los grupos vulnerables hay algunos más vulnerables que otros. Son pocas las mujeres que logran una independencia económica y llegan a posicionarse en el mundo empresarial. En este caso se encuentra la esposa del gobernador electo, Mariana Rodríguez. Empresaria, emprendedora y con más de dos millones de seguidores en sus redes, es una mujer que ha roto el techo de cristal. Y esto es destacable. Como tal ella tiene registro de marca comercial. Genera contratos y convenios y tiene ganancias.
Y claro que tiene derecho a una vida personal, a la libertad de expresión pero precisamente el INE no la violenta sino que deslinda la faceta de su vida personal de la empresarial. El que se le dé valor a sus aportaciones no es cosificarla. Es entender que los tiempos donde nuestro trabajo y los recursos que generamos en automático eran propiedad del cónyuge han pasado. Que la lucha feminista va más allá al dar la batalla por dejar de ver el trabajo doméstico como una actividad no remunerada. ¿En verdad darle el valor a nuestra actividad laboral es denigrar? En lo absoluto.
Ella es libre de apoyar y expresar su afecto como mejor convenga. Pero precisamente, porque vale como persona y empresaria es que las instituciones la tienen que reconocer como tal y no como meramente la esposa sumisa y sin recursos propios.
Y para los partidos políticos y sus representantes, que no usen la bandera de género por convivir.
