Por. Gerardo Galarza
Desde hace algunos días y por lo menos hasta el 1º de agosto próximo los mexicanos vivirán una nueva gran farsa, impulsada por el gobierno de la República, que los mantendrá distraídos de los grandes problemas nacionales como las galopantes inflación e inseguridad, el desempleo, la pandemia, la crisis del campo, los apagones, el desabasto de medicinas, entre otros desastres.
La primera consulta popular constitucional se celebrará ese día y tendrá como objetivo, según la propaganda oficial, que “el pueblo” decida sobre si se lleva a juicio penal, se supone, a los expresidentes de la República para que respondan y sean sancionados por los presuntos delitos que supuestamente cometieron durante sus encargos.
La pregunta que se deberá responder no interroga eso. Textualmente es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Nadie en su sano juicio contestaría que no. Nomás eso faltaba, que los ciudadanos opinen que la ley no debe aplicarse a quienes cometieron un delito o pasaron por encima de la ley. ¿Los “años pasados” incluyen a aquellos en los que se decidió cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cervecera de Mexicali o aprobar la construcción del Tren Maya? Más: ¿obligar a la inauguración y puesta en marcha de la Línea 12 de Metro de la Ciudad de México contra las normas de seguridad establecidas? Y las que faltan…
No, no va por ahí el asunto mediático. Va por un supuesto juicio (para encarcelar, se hace creer) contra los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, principalmente.
Es de suponer que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene ya investigaciones contra esos expresidentes o contra “actores políticos” del pasado para ponerlas a disposición del Ministerio Público para que ejerza acción penal, como ordena la ley. Que el “pueblo” decida si hay que proceder contra ellos es una acción absolutamente ilegal e inconstitucional y de corrupción. Si no las tiene y está en espera que el “pueblo” decida, ¿qué delitos va a investigar? ¿si hay evidencias de ellos por qué no lo ha hecho? ¿Y si existieron los delitos y el “pueblo” dice: no?
En este caso, “consultar” al “pueblo” es una clara violación al Estado de derecho. ¿Ahora habrá que “consultar” si se aplica o no la ley a cualquier presunto delincuente? O ¿de qué privilegios gozan los “actores políticos” para que se consulte la aplicación de ley contra ellos?
La consulta popular del próximo 1º de agosto tendrá un costo de 500 millones de pesos y sólo servirá para que el presidente de la República diga: “no se juzgó a los expresidentes porque el pueblo no quiso” o al revés. La justicia al estilo Poncio Pilatos. Un nuevo tema para todos en días en su conferencia diaria.
Hay algo más: será la primera vez que no asistir a votar pudiera tener un efecto real: anular la consulta popular, que requiere que participen unos 38 millones de ciudadanos. El escribidor lo anuncia desde hoy: por primera vez en su vida se negará ir a las urnas, y esa será su forma de votar contra una farsa.
