La semana pasada salió a la luz pública el caso de una joven de 17 años de edad que presentó una denuncia contra cuatro presuntos elementos de la policía de la Ciudad de México, a quienes acusó de violarla dentro de una patrulla el pasado 3 de agosto en la alcaldía Azcapotzalco.
No era la primera denuncia contra uniformados. El pasado 12 de julio, la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) detuvo a dos policías, acusados de violar a una mujer dentro de un hotel en la colonia Tabacalera. La dependencia informó que el 10 de julio, cerca de las 16:51 horas, los dos elementos la amenazaron y obligaron a tener relaciones sexuales, “aprovechándose de que estaba intoxicada con solvente”.
Ni sería la última, pues el 9 de agosto se publicó el caso de una joven de 16 años que fue abusada sexualmente por un uniformado de la Policía Bancaria Industrial al interior del Museo de Archivo de la Fotografía. La menor denunció y logró identificar al violador, por lo que de inmediato fue detenido.
Por desgracia, el caso de la joven de Azcapotzalco no ha tenido buen proceso, ya que podría determinarse el no ejercicio de la acción penal. El vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx), Ulises Lara López, reconoció que desde esa dependencia se filtró la información de la joven de 17 años que denunció a cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por haberla violado, y que eso generó la pérdida de confianza de la víctima y por lo cual decidieron no seguir en el caso por el momento.
Resulta ofensivo que pase esto precisamente cuando, de acuerdo con el Reporte Anual 2018 de Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, los casos de violaciones crecieron 124.2 por ciento en relación con 2017, mientras que el número de feminicidios aumentó 8.6 por ciento. Desde 2017 organizaciones civiles solicitaron la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, pero la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y Segob decidieron no aplicarla. Esta negativa, expresó Fernando Ríos Martínez, de la Red Todos los Derechos para Todos, correspondió a motivos políticos, según mencionó en entrevista para MVS el mes pasado.
Para las autoridades no ha sido prioritario cuidar los procesos ni a las víctimas, menos prevenir. Esto, a pesar de que las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reflejan que la capital ocupa los primeros lugares en llamadas de emergencia por agresiones sexuales. En las llamadas por incidentes de violación sexual, la CDMX es la entidad con mayor número de casos, ya que en el primer cuatrimestre del año se contaron 261, es decir, 21 por ciento del total nacional.
Con todo ello, hasta el viernes pasado no había claridad si los cuatro elementos de la SSC denunciados por violación continúan trabajando. El viernes por la mañana, el titular de esa dependencia, Jesús Orta Martínez, afirmó que los agentes no han sido requeridos por la Procuraduría capitalina y que por ello continuaban en funciones. Sin embargo, horas después, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam Pardo, afirmó que los agentes no habían sido reincorporados.
¿Hasta cuándo se dejará de privilegiar la imagen política sobre nuestra seguridad? ¿Cuándo podremos retomar las calles sin miedo a ser violadas, desaparecidas, asesinadas? No queremos que nuestra integridad sea bandera de campaña. Queremos el derecho a vivir libres de agresiones. ¿Es mucho pedir?
