México.- El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que este año se aplicará un presupuesto de más de 400 millones de pesos para la búsqueda de desaparecidos, como parte del Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
“Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda” y agregó que también se trabaja con “la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que desde el Sistema Nacional de Seguridad podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, que cuenta con una cifra de siete mil 500 millones de pesos”, detalló.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario señaló que los recursos se destinarán para la identificación forense que aún se tienen sin identificar, las acciones de búsqueda, exhumación y la elaboración de un sistema único de información.
En el país se registran a la fecha más de 45 mil desaparecidos, más de mil 100 fosas clandestinas; así como 26 mil cuerpos sin identificar, situación, que calificó Encinas Rodríguez como “crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en el país, y aunque se han presentado avances en la creación de leyes, no se ha cumplido con éstas”.
También se informó que el principal grupo de personas desaparecidas se ubica entre la población cuyas edades fluctúan entre 17 y 29 años, además de que en los últimos años se ha incrementado la desaparición de niños.
El funcionario confió en que “quede plenamente instalado el sistema el próximo mes de marzo”, para lo cual, en primer lugar se buscará el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que saldrá de 11 aspirantes el próximo viernes.
Además, se dará un tratamiento especial a las personas migrantes, particularmente en las rutas donde están las situaciones de riesgo, como parte de la nueva política migratoria en México: “Se estima que entre ocho y 10 por ciento de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del triángulo norte de Centroamérica”.
Precisó que “parte nodal de esta estrategia es la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema de coordinación con todos los servicios forenses en el país”.
Indicó que ya se tienen trabajos avanzados con distintos organismos internacionales, y no se pretende en primera instancia la adquisición de equipos, sino conseguir la coordinación de información respecto a la desaparición forzada.
Para esto se construirá el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, y se fortalecerá el trabajo de identificación, “todos aquellos registros que nos permitan tener un solo banco de datos, con lo cual tendremos certeza, no sólo de la magnitud del problema, sino cómo enfrentarlo de manera más eficiente”.
Enfatizó que “evidentemente vamos a proceder atendiendo no sólo las recomendaciones o denuncias que existan en el ámbito nacional, sino también todas aquellas sentencias que se deriven en materia de derechos humanos contra autoridades mexicanas, porque nadie que haya vulnerado la vida, la tranquilidad de una familia debe quedar impune”.
Señaló que todo el gabinete se apegará a las instrucciones de cumplir y respetar los derechos humanos, incluyendo a las Fuerzas Armadas, “esta va a ser una disciplina muy estricta que seguiremos en todo el gobierno federal”.
Recordó que existen 349 denuncias “en las que están involucrados distintos agentes del Estado y, en especial, policías municipales, estatales y federales“.
Hizo hincapié en que “la mayoría de las desapariciones son cometidas por particulares vinculados a la delincuencia organizada y se registran justamente en las zonas de mayor marginación y pobreza, grandes ciudades y “zonas de trasiego en las rutas de la droga”.
