Durante el proceso transición la expectativa de pacificar a México tiene por epicentro el combate al crimen organizado, como lo tuvo con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes exacerbaron los ánimos con el fortalecimiento de la presencia del Ejército y la Marina en las calles. El resultado fue el incremento demencial en la espiral de violencia. En los últimos 12 años, con carpetas iniciadas, se habrían registrado más de 240 mil homicidios dolosos; y según cálculos moderados, habría un aproximado de 40 mil personas desaparecidas.
La estrategia de seguridad del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que atender las causas que se originan en el descompuesto tejido social; detener la impunidad con la que operan las bandas criminales y el contubernio que tienen con las fuerzas del orden público. El bono electoral que recibió en julio reclama medidas realistas y no paliativas. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cuál será el futuro de la Ley de Seguridad Interior, cuya constitucionalidad se encuentra pendiente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Ley cuya aplicación está en suspenso, privilegia incrementar la presencia castrense y es violatoria de los derechos humanos, como han denunciado el colectivo Seguridad Sin Guerra, las comisiones de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil.
En octubre López Obrador anunció que ya en funciones, en enero, convocará a 50 mil jóvenes a incorporarse al Ejército y la Marina; previamente anunció que en el futuro inmediato las fuerzas militares permanecerán en las calles. En septiembre dio a conocer el ambicioso “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”. Al menos dos millones 600 mil jóvenes sin empleo de todo el país, serán los beneficiarios en dos modalidades. En la primera, 2 millones 300 mil jóvenes recibirán una beca mensual de 3 mil 600 pesos durante un año y serán capacitados en un centro de trabajo, que se encargará también de certificarlos al final del periodo. En la segunda, 300 mil jóvenes con bachillerato concluido recibirán 2 mil 400 pesos mensuales para continuar con sus estudios universitarios.
“Becarios sí, sicarios no”, lema de campaña. Pero el asunto se complica si consideramos que de acuerdo con el INEGI en 2017, la juventud era una cuarta parte de la población, es decir, 30 millones 600 mil personas de entre 15 y 29 años de edad. Poco más de 10 millones en el sistema escolar; 16 millones de jóvenes son económicamente activos, pero 19.8% no laboran por falta de experiencia.
Organizaciones como Cauce Ciudadano A.C., exponen que durante los últimos 10 años entre las principales víctimas de la violencia se encuentran los jóvenes; sólo entre 2013 y 2016, al menos 31 mil 357 homicidios dolosos se cometieron contra este sector.
Me preguntó, ¿y si en lugar de reclutar a 50 mil jóvenes en el Ejército o la Marina se invierte en Cultura de Paz? ¿Y si en lugar de dos millones 600 mil jóvenes, incorpora al “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” a dos millones 650 mil? Baste reflexionar en el hecho de quienes tienen entre 15 y 29 años enfrentan desempleo, subempleo, precarización laboral, salarios mal remunerados, falta de oportunidades educativas, violencia física, sexual, económica, emocional al interior de las familias y en la calle. Lo más siniestro, ante estos escenarios, muchos son cooptados por el crimen organizado.
El nuevo gobierno necesitará nuevo elementos en las 265 regiones en las que aplicará su estrategia para “serenar” al país y a las que dividirá en baja, media y alta incidencia delictiva; en las de alta habrá hasta 600 elementos y en las de baja un promedio de 300.
Ofreció que los jóvenes reclutados tendrán “buenas condiciones laborales”, “prestaciones y seguridad social”; ojalá también reciban capacitación para la vida, para una vida de paz y libre de violencia.
