De cada 10 personas que buscan a un familiar o amigo desaparecido, nueve son mujeres. Se trata de madres, esposas o hijas que diariamente se levantan con la esperanza de encontrar a esos seres queridos. Su dolor es tan grande que se ha transformado en una tragedia nacional.
Lo mismo ocurre para aquellos que han sido víctimas directas o indirectas de homicidios, feminicidios, torturas, secuestros, delitos sexuales, extorsiones, trata, tráfico de migrantes o desplazamiento forzado por violencia o pobreza.
Por eso me entusiasmó la idea de que sean ellos -las víctimas y sus familiares-, quienes estén en el centro de los Foros para la Pacificación y la Reconciliación Nacional inaugurados el martes 7 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, a convocatoria del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir de este 1 de diciembre.
Sin embargo, hay cosas que me inquietan. Por ejemplo, cuando inauguró ese foro, el Presidente electo les dijo precisamente a las víctimas del país cuyo lema ha sido “ni perdón ni olvido”, que no olviden, pero sí perdonen.
“Tenemos que (…) estar dispuestos a perdonar (…) Respeto mucho a quienes dicen ‘ni perdón ni olvido’. Yo les digo: olvido no, perdón sí”.
Justificó este mensaje al apuntar que la violencia “no se puede resolver sólo con mano dura, con cárceles, no se puede resolver el problema de la violencia con masacres, no creo en la Ley de Talión, porque si nos atenemos a eso, nos vamos a quedar chimuelos y tuertos todos (…) El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”.
Algo más que no tengo claro es cómo operaría ese “perdón”. Quien será el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, apuntó que no se trata de un “perdón moral”, sino que estaría basado en una perspectiva jurídica, dentro de la llamada justicia transicional.
Más inquietante resulta la declaración de José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fuera secretario General de Gobierno cuando López Obrador fue mandatario capitalino, en el sentido de que en la próxima administración no va a castigar a funcionarios corruptos de los gobiernos pasados. “Va a olvidar y perdonar”, va a aplicar un “borrón y cuenta nueva”.
Apuntó que si se emprende una “persecución generalizada” de quienes han cometido actos de corrupción, se desataría una cacería que no le conviene al país. Aunque garantizó que el nuevo gobierno “va a ser totalmente estricto” y no admitirá ese tipo de actos.
Y mientras eso se debate en foros, en la realidad ocurría esto: Gabriela Ramírez, de 25 años de edad, después de pasear a su mascota en el Parque Pascual Ortiz Rubio, en la colonia Del Valle de la delegación Benito Juárez, fue reportada como desaparecida el 29 de julio.
La joven vestía ropa deportiva, chamarra naranja y leggings negros la noche en que desapareció, según los datos que sus familiares y amigos compartieron en redes sociales. Fue localizada el 4 de agosto… pero sin vida.
La joven originaria de Guerrero, y quien trabajaba en un restaurante, fue torturada, asesinada y abandonada entre escombros en un lote de la delegación Álvaro Obregón.
Y no hay que perder de vista este dato: en los primeros seis meses del año, las procuradurías y fiscalías estatales del país iniciaron 387 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, la forma más extrema de violencia contra la mujer.
De ellas, 198 se abrieron en los estados de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua Guerrero, la Ciudad de México y Sinaloa; es decir, que el 51 por ciento de los asesinatos de mujeres se registraron en esos siete estados, según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las posturas de López Obrador y de sus futuros funcionarios olvidan algo fundamental: que en buena medida, la elección del 1 de julio fue un referéndum al sexenio de Enrique Peña Nieto y que la gente votó en contra de la corrupción, la impunidad y el desvío de los recursos públicos para el enriquecimiento personal. Pero también, y de manera especial, contra esta vorágine de violencia que convierte a ciertas zonas del país en territorios sin ley donde no gobierna el Estado, sino el crimen.
Todas esas conductas que hoy nos piden no olvidar pero que tendremos que perdonar como sociedad. Habrá que dar a la nueva administración el beneficio de la duda, pero sin cheques en blanco y con la advertencia de que como víctimas directas o indirectas, no podremos olvidar o perdonar, tampoco, que se nos vuelva a fallar en un derecho básico: el de la seguridad. Hoy las víctimas están ya en el centro.
