Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, anunció que el pasado jueves 15 de febrero se inició el programa Salario Rosa, “para reconocer y apoyar a las amas de casa que más lo necesitan en el Edomex”, según explicó en Twitter. El programa, que fue una propuesta de campaña, desde su origen fue motivo de controversia por haber sido denunciada como práctica clientelar por otros partidos.
El Salario Rosa, de acuerdo con las declaraciones gubernamentales, está enfocado a “amas de casa en condiciones de pobreza extrema de 18 a 59 años, quienes serán vinculadas con acciones para la capacitación, autoempleo, servicios de salud, apoyos para concluir su educación básica, y orientación jurídica y psicológica para prevenir la violencia de género”. Consiste en una ayuda bimestral que recibirán 3000 mujeres a través de transferencias monetarias y vales comerciales a un monedero electrónico, así como capacitación .
No puede desconocerse que es un avance en la protección de la mujer el pensar en darles estrategias para ser autosuficientes. Sin embargo, tampoco puede negarse que estamos muy lejos, como sociedad, de alcanzar una verdadera igualdad de género.
Hay que recordar los retrocesos en algunos temas relevantes como el de la atención a la salud, cuando se legisla en contra del respeto a las decisiones de las mujeres en torno a su cuerpo, o en la persistencia de las múltiples formas de violencia ejercida contra ellas, especialmente en entidades como el Edomex, donde la cifra de desaparecidas y feminicidios es por demás alarmante.
Preocupa además que en la misma declaración de Del Mazo se refuerce el estereotipo de la mujer que aporta su salario al 100% al hogar : “El Salario Rosa es un pago por el trabajo que hacen como amas de casa, es un pago que les va a servir para invertirlo como ustedes quieran, que estoy seguro, que como son muy responsables, lo van a invertir en sus familias, en sus hijos, en sus hogares, en ustedes mismas, para cuidarse, para apoyarse”, destacó el mandatario estatal.
En el mundo laboral, pretender ser madre y ejercer la profesión es todo un reto para la mujer mexicana. En nuestro país, sólo del 10 al 32% de las mujeres trabajadoras cuenta con algún tipo de protección social durante la maternidad, una cifra que contrasta frente a lo que ocurre en otros países de América Latina como Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, que cubren de 33 a 65%, o Chile que cuenta con una cobertura del 66 al 89%, con base en el estudio La maternidad y paternidad en el trabajo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2015, en el cual se examina la legislación en esta materia en 185 países.
El panorama para las estudiantes tampoco es alentador. Dada la paridad educativa que se ha logrado en México, deberíamos ver a más mujeres como parte de la población económicamente activa ocupada. Sin embargo, al término de los estudios esto no será la realidad.
De acuerdo con el Global Gerder Gap Report 2016 (Reporte de la Brecha por Género), elaborado por el World Economic Forum, 31% de las mujeres jóvenes (15-24 años de edad) en el país están desempleadas o sin educación, comparado con 9% de los hombres. Mientras que 69% de las mujeres en México tienen acceso a educación superior, solo 40 % cuenta con un trabajo técnico y/o profesional.
Las mujeres no necesitamos tanto el que nos hagan concesiones, sino el que nos permitan acceder al ejercicio pleno de nuestros derechos. El destino de las políticas públicas depende de la forma como se implementan. Necesitamos mucho más que un monedero electrónico. Urge un cheque en blanco para acceder a lo que por derecho nos corresponde: la igualdad. Y esa no tiene precio.
