La ministra Loretta Ortiz sostuvo que en todos los casos en que una norma o medida incida en los derechos de las personas con discapacidad es indispensable realizar una consulta previa.
Ello, en el marco del debate de la acción de inconstitucionalidad 104/2023 promovida en contra de una ley de Tamaulipas que establece al menos 3 por ciento de personas con discapacidad como cuota laboral para la administración pública del estado y de los gobiernos municipales.
En tal sentido, la ministra hizo una pausa en su intervención argumentativa y se retiró el implante coclear que utiliza para mostrarlo frente a sus pares y con ello, explicar la brecha de comprensión que enfrentan las personas con discapacidad en una sociedad diseñada para mayorías.
“Sorda de nacimiento del oído izquierdo. Las personas que escuchan con los dos oídos no saben de verdad lo que significa no escuchar de un oído, no se pueden poner en nuestros zapatos”, sentenció.
Como parte de su expriencia de vida, compartió el impacto que esta condición tuvo en su desarrollo personal y cómo, paradójicamente, cimentó su vocación como jurista.
“Toda mi educación lo padecí, me aislé por eso recurrí tanto a los libros, no me quedaba de otra”.
De igual forma, Loretta Ortiz reconoció la vasta diversidad dentro de la propia comunidad de personas sordas, subrayando que existen quienes rechazan la medicalización mediante implantes y eligen abrazar la lengua de señas como su identidad.
“Nadie puede tener la decisión sobre nuestros derechos. En mi caso, era el derecho a escuchar, y de eso derivaba el derecho a la educación y al ejercicio profesional”.
Por último, la togada dejó claro que las leyes y resoluciones no son meros trámites de escritorio, sino determinaciones de vida. “Por eso nos deben de preguntar. ¿Les debemos de preguntar? Claro que sí. A nosotros no nos corresponde verificar si la norma o medida es benéfica o no lo es, eso corresponde determinarlo a las personas consultadas”.
