Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
Las niñas no se tocan. Esta frase parece carecer de valor para muchos ante la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en el país.
Y justo el caso de una niña de 11 años en Matamoros que resultó embarazada nos lleva a tener que voltear a ver el problema ignorado de abuso sexual infantil y cómo siguen las infancias siendo vulnerables ante depredadores.
Fue a principios de agosto de 2026 que el caso de la menor de edad salió a la luz pública en Matamoros, Tamaulipas, tras su ingreso al Hospital General de Zona número 13 del IMSS, con un embarazo avanzado de aproximadamente cinco meses.
La madre de la niña había buscado atención médica previa al notar síntomas como vómitos e inflamación abdominal sin percatarse inicialmente de la causa real, señalando además que se veía en la necesidad de dejar a su hija sola o bajo el cuidado parcial de la abuela debido a sus jornadas laborales.
Ante los hechos, que apuntan a señalamientos en el entorno familiar incluyendo al padrastro, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación mientras que el DIF Matamoros asumió la custodia temporal de la menor para garantizar su protección, atención psicológica y continuidad educativa, respaldados por organismos como la Secretaría de las Mujeres y el SIPINNA, quienes recalcaron que todo embarazo en menores de 12 años constituye un delito de abuso sexual infantil.
Mas allá de que los reflectores se han centrado en últimas fechas en el procedimiento realizado a la menor, se debe de revisar lo acontecido para generar medidas de protección. De inicio, el caso expone la precarización económica que afecta a familias donde la mujer es jefa de familia. Es un tema abordado ya y discutido que las mujeres se ven más afectadas laboralmente debido a que los trabajos con mejor remuneración económica exigen mayor disponibilidad de horarios, haciendo que tenga que autoemplearse o tomar trabajos con mayores desventajas salariales.
Y más allá, esto evidencia una falla sistémica: el elevado número de embarazos infantiles y adolescentes que no son investigados de oficio como violaciones sexuales. Dinámicas de abuso permanecen ocultas o normalizadas dentro de círculos de confianza, agravadas por el miedo o la presión de los agresores.
Queda claro que en sociedades como la nuestra es casi imposible aspirar a que exista una conexión entre hospitales y registros civiles que permita generar alertas tempranas e investigaciones ministeriales automáticas ante el embarazo infantil.
Nuestros políticos se desgastan en grillas inútiles y en generar clientelas electorales mientras nuestras niñas siguen siendo violentadas sin que les importe.
*Doctora en Educación. Máster en Artes. Especialista en Cultura con Perspectiva de Género
