La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, refrendó su compromiso para que la discusión sobre la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio cuente con todo el respaldo institucional para que se desarrolle con seriedad, transparencia y a la altura que reclaman las mujeres de nuestro país.
Expuso que la aprobación del proyecto permitirá establecer estándares mínimos de investigación con perspectiva de género, para que ninguna carpeta, relacionada con la muerte violenta de una mujer, se cierre por negligencia o por prejuicios y se investigue desde un inicio como posible feminicidio.
Esto, enfatizó la senadora, es una obligación establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, cuya madre, Irinea, “convirtió el dolor en jurisprudencia”.
Y así lo exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia García Andrade y otras contra México, que obliga al Estado a asegurar la reparación integral y la protección de las y los menores huérfanos por este delito, explicó.
Detrás de cada uno de estos expedientes, asentó la presidenta de la Mesa Directiva, “hay una familia que no se rindió”, por lo que la tarea de las y los legisladores es que ninguna otra mujer “tenga que litigar durante una década para obtener lo que debió de ser suyo desde el primer día: verdad y justicia”.
Castillo Juárez asistió este miércoles, 29 de julio, a la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, en la que se definió la ruta crítica para dictaminar la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo.
Ahí, la legisladora asentó que el nuevo ordenamiento homologará el tipo penal para que este delito se pueda acreditar, investigar y sancionar de la misma manera en todo el territorio nacional.
Con ello, agregó, se garantizará que toda muerte violenta de una mujer se investigue desde el primer momento como un posible feminicidio, ya que, en muchos casos, las parejas o exparejas de las mujeres violentadas han argumentado supuestos suicidios de las víctimas en sus domicilios.
La senadora señaló que en México el feminicidio no se acredita ni se castiga igual en todo el territorio nacional y que 32 códigos penales significan 32 maneras muy distintas y miradas diferentes para nombrar el asesinato de las mujeres por razones de género.
Advirtió que hay entidades donde las razones de género exigidas por el tipo penal son tan restrictivas que en la práctica el feminicidio termina reclasificado como homicidio simple, por lo que hay familias que han tenido que luchar durante años, décadas, para que se castigue al responsable y para que al delito se le llame por su nombre.
La disparidad entre los tipos penales -explicó-, ha significado en los hechos que la justicia que recibe la familia de una víctima dependa del código penal del estado donde fue asesinada. “Podemos decir que es una lotería territorial de la justicia, y eso es inadmisible en un Estado federal que se reclama garante de la igualdad ante la ley”, asentó.
