Por. Ernesto Zavaleta
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Mientras los mexicanos festejamos el triunfo de la Selección Mexicana y seguimos con atención el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, el futuro económico del país sigue en suspenso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza muy seria un día antes de empezar la fiesta futbolera, no firmar la renovación del T-MEC si México no responde a sus demandas de combate al crimen organizado en nuestro país, lo que incluye la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la investigación de nexos con la delincuencia de otros gobernadores y altos funcionarios de Morena.
Una vez lograda la paz en Irán, Israel ya se mostró capaz de someter al Líbano, y más tiempo para Trump, su Escudo de las Américas y su guerra contra los cárteles mexicanos.
La verdadera negociación del T-MEC no comenzará el próximo 1 de julio. En realidad, ya comenzó hace meses. Y lo hizo, como acostumbra Donald Trump, a través de la amenaza.
La fecha es conocida para la ratificación del tratado comercial, según el artículo 34.7 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, establece que el 1 de julio de 2026 los tres socios deberán realizar la primera revisión conjunta del acuerdo comercial que sustituyó al TLCAN. En teoría, ese día podría confirmarse la extensión automática del tratado por otros 16 años, hasta 2042.
Sin embargo, en la práctica, la discusión ya se encuentra contaminada por factores políticos, electorales y geoestratégicos que van mucho más allá del comercio.
Trump lo dejó claro hace apenas unos días al advertir que Estados Unidos podría no renovar el acuerdo si considera que éste no beneficia suficientemente a la economía estadounidense. No es una declaración menor, tampoco es una ocurrencia de campaña, es una señal de negociación.
El presidente estadounidense entiende que el T-MEC se ha convertido en una de las principales herramientas de presión sobre México y Canadá. Por ello, antes de sentarse formalmente a revisar el tratado, ha decidido elevar el costo político de la negociación.
Las presiones ya están sobre la mesa.
La primera tiene que ver con los aranceles. Washington insiste en mantener medidas proteccionistas y endurecer las reglas de origen para la industria automotriz, con el propósito de que una mayor parte de la producción se realice dentro de Estados Unidos. En otras palabras, la Casa Blanca pretende recuperar empleos manufactureros utilizando la revisión del T-MEC como instrumento de política industrial.
La segunda presión apunta hacia China.
El éxito del llamado nearshoring convirtió a México en una pieza estratégica para empresas que buscan acercarse al mercado norteamericano. Sin embargo, en Washington crece la preocupación de que inversiones vinculadas con capital chino utilicen territorio mexicano como plataforma para ingresar a Estados Unidos. La revisión del tratado podría convertirse en un mecanismo para imponer nuevas restricciones sobre cadenas de suministro, inversiones y contenido regional.
La tercera presión se encuentra fuera del ámbito comercial, aunque Trump insiste en vincularla con él: migración, seguridad y combate al tráfico de fentanilo. México sostiene que estos temas no deben formar parte de la negociación económica comercial, Estados Unidos piensa exactamente lo contrario.
La discusión, por tanto, ya no es únicamente sobre exportaciones o reglas de origen. Se trata de una conversación más amplia sobre seguridad nacional, competencia geopolítica y control fronterizo.
A ello se suman viejos diferendos que permanecen sin resolverse. Las disputas energéticas derivadas del fortalecimiento de Pemex y la CFE continúan generando inconformidad entre empresas estadounidenses. Los desacuerdos sobre acero, aluminio y manufacturas tampoco han desaparecido. Y la política comercial proteccionista de Washington amenaza con reabrir conflictos que parecían superados.
Paradójicamente, el mayor riesgo para México no es que el T-MEC desaparezca.
Muchos analistas recuerdan que, aun si no existe acuerdo el próximo 1 de julio, el tratado seguirá vigente. No hay un precipicio jurídico ni una fecha fatal. El mecanismo prevé revisiones anuales y abre una ventana de negociación que podría extenderse hasta 2036. El problema es otro.
La incertidumbre.
Las inversiones no esperan diez años para tomar decisiones. Los mercados tampoco. Si la revisión deriva en un proceso prolongado de confrontación política, la región podría perder parte de la ventaja competitiva que hoy posee frente a Asia y Europa.
Por ello, la discusión que viene no será simplemente comercial. Será una prueba de resistencia para la integración económica de Norteamérica.
México llega a la mesa con una posición compleja. Necesita preservar el acceso privilegiado al mayor mercado del mundo, pero también defender su capacidad para atraer inversión, mantener competitividad manufacturera y conservar márgenes de soberanía en sectores estratégicos.
La pregunta no es si habrá renovación del T-MEC.
La pregunta es en qué condiciones.
Para México, el desafío principal será mantener la integración económica de Norteamérica sin aceptar condiciones que reduzcan su competitividad manufacturera o limiten la atracción de inversión extranjera.
Y esa respuesta dependerá menos de los textos jurídicos del tratado que de la voluntad política de quienes hoy ocupan el poder en Washington.
Porque en el mundo de Trump, los acuerdos comerciales rara vez se negocian en una mesa. Primero se negocian en redes sociales, Irán es un ejemplo.
