Por. Ana Gabriela Núñez Pérez*
Hay una pregunta que nos hacemos muy poco o que cuando empieza a asomarse, la desviamos rápidamente hacia otra dirección. Hacia el gobierno. Hacia los partidos. Hacia el funcionario que no funciona o el programa que no llega. La pregunta es esta: ¿y nosotros?
Como ciudadanos, nos hemos vuelto cada vez más críticos. Más informados, en cierto sentido. Más rápidos para señalar lo que falla, para nombrar lo que está mal, para compartir la indignación. Eso no es poca cosa. La crítica, cuando es honesta, es también una forma de cuidado. Pero hay algo que ocurre entre el señalamiento y la acción que vale la pena examinar con más calma y menos comodidad.
Ikram Antaki, autora de la obra El manual del ciudadano contemporáneo, pasó buena parte de su vida haciendo en México la misma pregunta incómoda: ¿qué tipo de ciudadanos somos, exactamente? No lo preguntaba con crueldad sino con esa impaciencia particular que tienen quienes creen, de verdad, que una sociedad puede ser distinta a lo que es. Su diagnóstico era conocido y sigue siendo vigente: en este país hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para exigirle al Estado lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar.
No es una acusación menor. Y tampoco es del todo justa. Pero tiene la suficiente verdad como para que valga la pena sentarse con ella un momento, sin desviar la mirada hacia otro lado.
México tiene mecanismos de participación ciudadana. No son perfectos —muchos están diseñados con umbrales tan exigentes que resultan prácticamente inatacables para la sociedad civil— pero existen. Existen y revelan, cuando los miramos con honestidad, algo que va más allá de un problema de diseño institucional.
Tomemos un ejemplo concreto. En la Ciudad de México opera desde 2011 el Presupuesto Participativo: un instrumento mediante el cual cualquier habitante puede registrar un proyecto —bacheo, luminarias, un espacio público, un huerto comunitario— y someterlo a votación en su colonia. El gobierno de la ciudad destina un porcentaje real del presupuesto de cada alcaldía para ejecutar lo que gane. No es simbólico. Es dinero público decidido por quien vive en esa calle, en ese barrio. En teoría, es exactamente lo que pedimos cuando decimos que queremos que el gobierno nos escuche.
En los años en que no hay otra elección de por medio, la participación en este ejercicio no ha superado el 4% de quienes tienen credencial para votar en la capital. En 2011 fue del 2.17%. En 2012, 2.08%. En 2013, lo mismo. Los únicos años en que el porcentaje se multiplica son aquellos en que la consulta coincide con la elección de órganos comunitarios —como si necesitáramos un pretexto externo para ejercer un derecho que ya teníamos. En 2023, cuando por fin se registraron más de 35 mil proyectos ciudadanos, votaron 422 mil personas. En una ciudad de casi nueve millones de habitantes con credencial.
Nos quejamos del estado de las calles. Del drenaje que no drena. De la luz que no enciende. Pero cuando se trata de sentarse a formular un proyecto, de ir a votar por la propuesta del vecino un domingo de mayo, la ciudadanía desaparece.
Lo que ocurre en el Presupuesto Participativo no es una anomalía, es un patrón. El patrón que no queremos ver.
En 2021, el gobierno federal convocó a la primera Consulta Popular constitucional de la historia del país. Noventa y tres millones de personas estaban en la lista para participar. Acudió el 7.11%. El año siguiente, la Revocación de Mandato convocó a todos los mexicanos a decidir si el presidente debía seguir en su cargo. Participó el 17.77%. En ninguno de los dos casos se alcanzó el 40% de participación que la ley exige para que el resultado sea vinculante. Ninguno de los dos ejercicios, en consecuencia, obligó a nada.
Se puede argumentar —con razón— que esos mecanismos tienen problemas serios de diseño. Que los umbrales son inalcanzables. Que el presupuesto para difundirlos fue una fracción del que se destina a las elecciones ordinarias. Que el Estado tiene responsabilidades que no puede trasladar a la sociedad civil. Todo eso es cierto. Y también es cierto lo otro: desde que la figura de la iniciativa ciudadana fue incorporada a la Constitución federal en 2012, se han presentado menos de veinte iniciativas en el Congreso. De esas, una fue aprobada. ¡Una! en doce años. No es solo que el gobierno no escuche. Es que casi no le estamos hablando.
Ikram Antaki escribió que una de las características más persistentes de la cultura política mexicana es la desconfianza radical hacia lo colectivo. Que somos capaces de un enorme sacrificio individual —trabajar doble jornada, sostener a la familia extendida, reconstruir la casa después del sismo con las manos— pero que algo se rompe cuando se trata de actuar juntos en el espacio público, de manera organizada, sostenida, sin que haya una emergencia que lo justifique.
No lo dijo como insulto. Lo dijo como diagnóstico. Y los números de dos décadas de participación ciudadana en México —o de su ausencia— parecen darle la razón.
El informe más reciente del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la ejecución del Presupuesto Participativo encontró que solo el 14% de los proyectos ganadores había sido concluido. En más de mil doscientos casos, el avance reportado era cero. La ley contempla mecanismos para que los propios ciudadanos den seguimiento, verifiquen, exijan. Menos de la mitad de los comités lo hizo. No porque no pudieran. Sino porque, terminada la votación, la mayoría se fue.
Esa es quizás la imagen más precisa del problema: votamos —cuando votamos— y luego nos vamos. Como si participar fuera un acto de un solo momento y no una responsabilidad que continúa.
No propongo ingenuidad cívica ni el discurso fácil de que “todos somos gobierno”. Las instituciones mexicanas tienen deudas enormes con la ciudadanía. La desconfianza que muchos sienten hacia los mecanismos de participación no es irracional: tiene historia, tiene razones, tiene nombres y fechas. Señalar eso también es necesario.
Pero hay una pregunta que esa desconfianza no resuelve y que Antaki seguiría haciendo hoy, con la misma impaciencia de siempre: ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros, exactamente? Más allá de opinar. Más allá de compartir. Más allá de diagnosticar con precisión los males del país desde la comodidad de saber que tenemos razón.
Porque entre la queja y el cambio hay un espacio que se llama participación. Y ese espacio, en México, lleva años mayoritariamente vacío. Eso no es culpa solo del gobierno. Es también nuestra. Y nombrar eso —sin autoflagelación, pero sin evasión— es el primer paso para algo diferente.
La ciudadanía ausente no es una fatalidad. Es una elección. Y las elecciones, a diferencia de muchas otras cosas, sí podemos cambiarlas.
