Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial, para, entre otros puntos, aplazar la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028.
La Asamblea avaló el dictamen en lo general con 87 votos a favor y 40 en contra, además, se registró un voto en contra en el Diario de los Debates, por lo que reunió la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
Para la discusión en lo particular se presentaron 17 reservas, por parte de senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por la Asamblea y los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen con 86 votos a favor y 40 en contra, más un voto más en contra que se registró en el Diario de los Debates.
Durante la discusión del dictamen, Martha Lucía Micher Camarena, senadora de Morena, explicó que el propósito de aplazar la elección judicial hasta el 2028 tiene el objetivo de fortalecer las instituciones, permitir que la ciudadanía tenga mayor participación y dar tiempo para perfeccionar el marco normativo; se busca que el proceso tenga más certeza, transparencia, eficiencia y legitimidad democrática.
Por el PAN, el senador Agustín Dorantes Lámbarri descalificó las modificaciones en materia judicial, al considerar que el gobierno intenta corregir errores de la reforma anterior, lo que refleja la improvisación que provocó la ausencia de filtros de integridad para los aspirantes a cargos judiciales, y que tuvo como resultado candidatas y candidatos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
La senadora del PVEM, Rocio Corona Nakamura, aseguró que las críticas de la oposición responden a la pérdida de privilegios y mecanismos de influencia dentro del Poder Judicial, como cuotas políticas, favoritismos y “padrinazgos”; destacó que la reforma busca terminar con prácticas que durante años permitieron el acceso a cargos judiciales por relaciones personales y no por méritos profesionales.
El senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, refirió que el dictamen supuestamente corrige la reforma judicial que el oficialismo aprobó hace menos de dos años, y eso por sí mismo es una confesión política, porque si una reforma presentada como histórica en 2024 necesita ser remendada con tanta rapidez, queda demostrado que el modelo original fracasó.
Lizeth Sánchez García, senadora del PT, aseveró que lo que realmente incomoda a la oposición es que hayan perdido el monopolio que durante años tuvieron sobre el Poder Judicial, porque “esta reforma no elimina la preparación técnica ni la exigencia profesional, lo que hace es abrir el Poder Judicial a la ciudadanía y romper la idea de que la justicia debe permanecer encerrada y alejada de la gente”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó las modificaciones constitucionales y advirtió que reformar la Carta Magna de manera reiterada y sin consensos la convierte en un instrumento “desechable”; además de generar incertidumbre institucional, mientras continúa la acumulación de rezagos judiciales, audiencias suspendidas y retrasos en la impartición de justicia.
Una vez aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen fue remitido a los 31 Congresos de los estados y al Congreso de la Ciudad de México para su consideración.
