Por. Fernando Coca
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En octubre comenzarán las consultas, llamémosle así, de la Comisión Gómez para la redacción de la Reforma Electoral, que al mismo tiempo es la del poder.
Creo que la mejor forma de representación popular es aquella que pueda cumplir con al menos tres condiciones que no podrían pasarse por alto en la nueva conformación del poder en México.
Una de las quejas y cuestionamientos del pueblo con sus representantes es la de su ausencia en el territorio después de haber sido electos. Para ello, se debe garantizar la vinculación directa entre representante y representado. ¿Cómo logar esta comunicación en la que el mandatario ejercerá sus funciones en concordancia con lo que le ha ordenado su mandante?
Primero es conocerse. Presidente municipal, síndicos, regidores, diputados federales y locales, además de senadores, deben conocer, no sólo a su base electoral, sino también a aquellos que disienten con él. El ámbito de los gobernadores y presidentes de la República caminan en otra ruta más amplia, pero, al menos, deberían reconocer, a demás de conocer, a los liderazgos más fuertes de la oposición política -y, obvio a los suyos- con los que tengan una relación en la que puedan intercambiar puntos de vista.
Para que la representación popular sea efectiva, los electores deben tener a la mano mecanismos de rendición de cuentas permanentes como la realización de informes periódicos de parte de los funcionarios electos, la revocación de mandato y la TRANSPARENCIA OBLIGATORIA para todos y cada uno de sus actos de poder.
Además, se debe contar con un sistema que respalde y proteja el interés político y público de cada sector del pueblo. Esto puede ser una condición real con un sistema de REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Se con listas abiertas o cerradas, el sistema plurinominal garantizará la representación de las minorías. Lo que se debe impedir al máximo es el secuestro de la voluntad popular por parte de las mayorías ya que el uso de aplanadoras ejecutivas o legislativas implicará una deformación de la representación del pueblo.
Nos dirán que los pluris no representan al pueblo sino a los mezquinos intereses de la clase policía.
Disiento, quien encabeza la Comisión Gómez es el plurinominal por antonomasia de nuestro sistema político. ¿Acaso, los servicios de Pablo Gómez a la patria son causa de un sistema corrupto, hediondo y rapaz como para conducir la gran reforma del poder en México? Yo no lo creo, pero al descalificar a los pluris, los simplistas escupen al cielo descalificando a priori, todo lo logrado en las décadas de lucha democrática en este país.
Otro argumento que desde el simplismo se dará es que el pluralismo generará gobiernos débiles. Puede ser que eso suceda si se niega la acción política a través del diálogo, los acuerdos y las coaliciones en el gobierno.
Si el sistema plurinominal puro o mixto tiene reglas claras, la fragmentación no aparecerá en los gobiernos y tampoco en los procesos legislativos.
Aquí cabe proponer que las alianzas y las coaliciones electorales se conviertan en coaliciones de gobierno.
Me explico, si dos o más partidos compiten en una coalición o alianza debe quedar claro cuáles serán los cargos que cada partido ocupará en un gobierno (léase poder ejecutivo) y que en el legislativo conformarán una sola bancada o fracción parlamentaria que apoye el ejercicio del poder de la mayoría electoral.
La versión de que los ciudadanos han cedido su libertad de elección por medio del voto de manera universal a su representante es falaz en una democracia en la que el pueblo pone y el pueblo quita a los funcionarios públicos.
Para que el electorado ejerza su poder, el poder del pueblo, se necesitan mecanismos que potencialicen la representación popular. ¿Cómo? Con referendos, plebiscitos, consultas populares y presupuestos participativos.
La ventaja de esto es que el pueblo no autoriza cada tres años el ejercicio del poder, sino que es partícipe permanente de las decisiones que modifican su vida cotidiana e índice en las grandes decisiones.
En El Contrato Social, Jean-Jaques Rousseau decía que “la soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa”. Es decir, la democracia directa es lo único que vale, pero deben existir límites y controles.
Cierto que Giovanni Sartori, nos habla de que la representación no es perfecta pero la competencia y la rendición de cuentas es lo que legítima al sistema.
Cuando Robert Dahl nos dice que “una democracia moderna requiere no sólo de elecciones libres y justas, sino de la inclusión efectiva de todos en el proceso político y que la garantía de que sus preferencias tienen el mismo peso en la decisión final”, creo entender que la democracia será más amplia si todos los sectores, incluidas las minorías, están involucradas en los procesos de toma de decisiones.
Hoy escuchamos que el pueblo no decide quién quiere representarlo, que los partidos son una carga social y económica para el pueblo y que los procesos electorales son muy caros.
Cuando las dirigencias políticas legislaron durante el inconcluso proceso de transición democrática, se garantizaron, para sí, los espacios que corrompieron la representación popular. Los partidos se convirtieron en representantes de sus camarillas y optaron por el abuso del dinero y del poder para su permanencia en los cargos públicos.
La tarea de la Comisión Gómez es, simple y sencillamente, quitarle es poder a los partidos político y darle poder al pueblo, al electorado, para ya no estar bajo la “tutela” de caciques que chapulinean de un partido a otro para mantener sus cotos de poder.
No será en un sistema de partido hegemónico, único, como el pueblo se vea representado.
La democracia participativa, por medio de consultas, plebiscitos, referéndums y presupuestos participativos, acompañados de la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder, darán verdadero poder al pueblo.
Y de esta forma, haremos efectiva la máxima de que el pueblo pone y el pueblo quita.
