Por. Fernando Coca
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que enviará al Congreso de la Unión una propuesta para reformar las leyes electorales.
Un primer paso es transformar al INE en el Instituto Nacional Electoral y Consulta, a la par de reducir el número de comisionados electorales que sería 7 en lugar de 11 y que, al igual que los jueces serían electos por voto popular.
En segundo lugar, se eliminarían las representaciones plurinominales, lo que implicaría la reducción de diputados de 500 a 300 y de 128 senadores a 64.
Además, la propuesta señala que se reduciría el financiamiento público para la operación del INEC como de los partidos políticos.
También habría una reducción de los integrantes de los más de 2 mil 400 ayuntamientos junto a la prohibición de que un familiar sustituya a otro en el cargo que dejara – nepotismo-, además de eliminar la reelección directa.
Quienes se oponen a estas reformas, incluso de MORENA, señalan que se provocaría una regresión en la representación de la sociedad por medio de los funcionarios elegidos por el voto popular.
La reforma de López Portillo y Reyes Heroles del 77, le abrió la puerta a la representación en el Congreso a la oposición, de manera especial a la izquierda.
En 1979 comenzaron a llegar los plurinominales producto de la reforma electoral.
Varios nombres destacan como plurinominales: Valentín Campa, Graco Ramírez, Jesús Ortega Martínez, Pablo Gómez Álvarez, Evaristo Pérez Arreola y Gilberto Rincón Gallardo postulados por el partido Comunista.
Años después, en 1997, la oposición derrotaba al PRI y por primera vez el PAN, el PRD, el PT y el Verde ordenaban en San Lázaro. El PRD arrasaba en el Distrito Federal ese año y se convertían en diputados de mayoría Clara Brugada, Pablo Gómez y Lázaro Cárdenas Batel. Por la vía plurinominal llegaron Alfonso Ramírez Cuellar, Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Bátiz, Lenia Batres Guadarrama, Laura Itzel Castillo, entre otros.
Ante el anuncio de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, se han vertido diversas opiniones, entre las que destaca la del Instituto de Estudios para la Transición Democrática que proponen, en resumen:
1. Que la reforma sea producto de un ejercicio de consenso amplio entre todas las fuerzas políticas del país, incluidas las organizaciones sociales,
2. El diseño de un sistema que acerque al ideal democrático y de representación tanto en el porcentaje de votación como escaños en los congresos: las cámaras de Diputados, la de Senadores y los congresos locales.
3. Que se garantice la autonomía de la autoridad electoral con integrantes que tengan capacidades técnicas y el reconocimiento y la confianza de las diferentes fuerzas políticas.
4. Que le financiamiento público se reparta equitativamente. La mitad de los recursos que se otorguen reconozca la votación de cada partido y la mitad restante a partes iguales.
El punto uno requiere de la más amplia voluntad política de los participantes en política, en especial del MORENA, que podría hoy arrasar en el Congreso y obtener la reforma que proponen. Sin embargo, regresaríamos a los tiempos en los que la oposición, por derrotada electoral y moralmente que esté, hará ruido que podría no dejar gobernar.
Plantear que la mitad de los diputados se elijan por mayoría y la otra mitad por lista podría dar mayores equilibrios en la representación.
Eliminar los diputados plurinominales implicaría el destierro de las minorías de la vida política del país a decir de los opositores de la reforma.
Las últimas reformas electorales en México, a partir de 1988, dos son productos de un fraude electoral. La de 1989-1990 después del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas y la de 2007-2008 luego de que le arrebataron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.
De ambas partes debe haber inteligencia, prudencia y valor para encontrar la fórmula que permita a los mexicanos contar con representación en los órganos de gobierno en los cuales confiar, sin embargo, creo que esta reforma requiere de amplísimas discusiones al interior de las organizaciones políticas y sociales antes de legislar.
Que no corra la prisa, el nuevo orden político de la nación tiene espacio para la reflexión y el acuerdo, es decir, para hacer política en beneficio de México.
