El Congreso del Estado de Guanajuato no acató la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y rechazó modificar su Código Penal para despenalizar el abordo, tal y como lo ordenó en una resolución de 2021.
En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso discutió durante cuatro horas y por segunda ocasión, el dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto voluntario. Sin embargo, la votación se quedó rebasada por dos votos, por lo que se ordenó su archivo definitivo.
De esta manera, con 19 votos a favor y 17 en contra, el Congreso oficializó el rechazo a convertir a Guanajuato, en el estado número 23 del país en sumarse a legalizar el aborto.
El voto que hizo la diferencia fue el de la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo, quien mencionó no estar de acuerdo con que el aborto sea “tratado con como un servicio más”.
“No estoy de acuerdo en que se normalice como política pública. En Guanajuato no hay mujeres en la prisión por abortar (…) Eso significa que no es necesario eliminar el tipo penal para proteger a la mujer, la mujer ya está protegida en este estado”, zanjó.
Al hacer uso de la tribuna, la autora del dictamen, la diputada por Morena, María Eugenia García Oliveros, indicó que ya era hora de que Guanajuato avanzara hacia un marco normativo que garantice la igualdad los derechos humanos de las mujeres y que en la entidad debía considerarse un derecho contar con servicios de salud, incluidos los servicios del aborto legal y seguro, porque era parte del reconocimiento, protección y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres.
Por su parte, el legislador morenista, Antonio Chaurand Sorzano resaltó la urgencia de la revisión de las nociones de privilegio, empatía y realidad social, para valorar a las mujeres que viven en violencia o desinformadas o que no están listas para la maternidad por tener metas personales profesionales y que merecen ejercer su derecho de decidir sobre sus cuerpos.
Agregó que la evidencia científica demuestra que la legalización del aborto reduce las complicaciones médicas, los abortos clandestinos y con ello la muerte, toda vez que en la Ciudad de México la tasa de complicaciones por la interrupción del embarazo ha llegado a ser del 0%, además de resaltar que no se promueve el aborto, sino que ninguna mujer sea penalizada o que muera por tomar una decisión sin respaldo del Estado.
Finalmente, mencionó que la Organización de las Naciones Unidas imperó al Congreso del Estado de Guanajuato que se avance en la garantía de la igualdad y protección de los derechos humanos de las mujeres, toda vez que la criminalización no resuelve el tema de fondo y solo lo agrava, junto a que al menos 150 mujeres han enfrentado procesos por aborto de las cuales varias eran adolescentes y vivían en condiciones de pobreza.
Guanajuato, uno de los estados más conservadores, tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes con un 31 por ciento, además han sido atendidas en hospitales 466 personas de 1 a 17 años por violencia sexual, el 90.8% de estos casos correspondían a mujeres, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En 2021 la Suprema Corte declaró inconstitucionales las leyes que criminalizan el aborto, vigentes aún en los códigos penales de varias entidades.
Redacción
