Tras más de ocho horas de discusión y sin cambios, integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma al Poder Judicial.
El proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política, fue aprobado en lo general con 25 votos a favor y 12 en contra.
Luego, en la discusión en lo particular, se presentaron reservas para modificar 31 artículos del dictamen, que presentaron 11 oradores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano.
Dichas reservas tenían el propósito de eliminar la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y modificar temas relativos al juicio de amparo, financiamiento para campañas de los candidatos a ministros y magistrados, carrera judicial, presupuesto para los nuevos órganos que plantea la reforma, principios de transparencia, imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, estas propuestas no fueron aceptadas por la mayoría de los integrantes de las comisiones, que presiden las senadoras Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández Mora, por lo que, con 25 votos a favor y 11 en contra, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen.
Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que el dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente, por lo que se prevé que en la sesión del martes se le dé primera lectura en el Pleno.
También dio a conocer que a lo largo de la reunión se recibieron votos particulares de los senadores Marko Antonio Cortés Mendoza, Verónica Rodríguez Hernández, Gustavo Sánchez Vásquez, Mayuli Latifa Martínez Simón y Ricardo Anaya Cortés, del PAN.
Así como de Pablo Guillermo Angulo Briceño y Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; y de Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, votos particulares que se integrarán al expediente y serán remitidos, junto con el dictamen, a la Mesa Directiva.
EL DEBATE
En el debate entre senadoras y senadores a favor y en contra del dictamen, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, aseguró que el pueblo de México está a favor de la reforma constitucional y ha optado por poner fin a la impunidad, la corrupción y a los vicios del pasado, por eso el propósito central del proyecto es garantizar la independencia judicial, al permitir que nuestros operadores jurídicos sean elegidos por el voto directo y secreto de la ciudadanía.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, calificó como un “absurdo” el proceso de selección de candidatos para ministros, jueces y magistrados, pues serán los legisladores de Morena, con su mayoría en el Congreso de la Unión, quienes definan los comités de evaluación para escoger a las personas que aparezcan en la boleta de elección.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota manifestó que artículos del dictamen contravienen a otros artículos de la propia Constitución, así como a diversas disposiciones convencionales y tratados internacionales como el T-MEC, en el anexo 23 y los capítulos 14 y 17, relacionados con la certeza jurídica para la inversión y la independencia judicial.
Waldo Fernández González, del PVEM, subrayó que es falso que se “destruya” la carrera de los trabajadores del Poder Judicial y que cualquier persona se pueda inscribir para ser ministro, magistrado o juez, pues existen requisitos específicos para ello; acusó, además, que priva el nepotismo para obtener puestos laborales, pues datos señalan que 23 por ciento de los trabajadores tienen más de cuatro familiares en el Poder Judicial.
Del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre sostuvo que la mayoría legislativa lucha por transformar el Poder Judicial en beneficio de la gente, mientras que la oposición lo hace por un grupo de poder, para que puedan conservar sus privilegios, salarios que son inconstitucionales, bonos, financiamiento para vehículos blindados, pensiones vitalicias y para conservar pactos “en lo oscurito”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, expuso que la reforma no cubre todo el espectro de la procuración de justicia, prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica de los juzgadores, compromete la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la constante capacitación, lo que pone en riesgo a los ciudadanos.
