Los siete principales partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral (INE) quedaron a deber en el cumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia en el Proceso Electoral 2023-2024, señaló un informe de la organización feminista Todas MX.
Luego de participar en la observación electoral, expuso fallas de procedimiento y la falta de voluntad en la primera aplicación de esa regulación legislativa.
Cabe recordar que la Ley 3 de 3 busca evitar que agresores, acosadores y deudores alimentarios, así como quienes cometen violencia política, participen en elecciones y accedan a cargos públicos.
“Todos los partidos políticos fallaron en la selección de candidatos, ignorando las recientes normativas constitucionales para elegir a sus representantes populares y, a su vez, violando las leyes vigentes que castigan la violencia contra las mujeres”, indicó Todas MX en el informe que entregó al INE.
“La actuación del INE fue inadecuada o inexistente en la implementación de la Reforma Constitucional denominada Ley 3 de 3 contra la violencia”, concluye el documento.
La denominada Observatoria Nacional Ciudadana Todas Mx documentó durante el proceso que existían 59 perfiles que, por su condición de agresores, no eran aptos para contender y ocupar un cargo público debido a su falta de ética y responsabilidad y, sobre todo, por la violencia ejercida contra mujeres, niñas y niños.
De ese ejercicio se derivaron 59 ANTIBOLETAS que dan cuenta de la situación de cada aspirante a cargo de elección popular.
En este sentido, refiere que el caso de Luis Alberto Carballo se anuló su triunfo por ser deudor alimentario en la última instancia que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, no encontró el respaldo en el INE para hacer cumplir la ley.
Todas MX agregó que los agresores que violentan a sus familias y están en el registro de deudores alimentarios incluyen a Aldo Manuel Ruiz Sánchez, Ismael Burgueño Ruiz, Óscar Sánchez García, César del Valle, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, Luis Carlos Sánchez González y José Cruz Sánchez Rojas, entre otros muchos que seguramente escaparon a nuestra búsqueda y análisis, enumeran.
“Estos individuos no pueden convertirse en diputados, senadores, alcaldes, presidentes municipales o regidores, o habiendo perdido en la elección, ser llamados a ocupar un puesto en el poder ejecutivo. Ningún partido se salva de la complicidad con agresores. Si estas personas ocupan cargos públicos, el riesgo de impunidad aumentará y la justicia para las víctimas será inexistente”, advirtieron.
Derivado de ello, exigieron al Congreso y a las instancias involucradas en las tomas de posesión próximas que retiren la constancia de mayoría a aquellos implicados en estas irregularidades.
“No podemos quedarnos calladas ante esta situación”, señalaron las activistas feministas Patricia Olamendi, Mar Barragán, Desirée Navarro, Julieta Lujambio, Ivonne de la Cruz, Beatriz Cossío y Leticia Burgos Ochoa.
Las ANTIBOLETAS contienen también los nombres de los hombres que se hicieron pasar como trans para hacer uso de la paridad.
Las activistas cuestionaron que el árbitro electoral haya desvirtuado la ley concretada por la sociedad civil y legisladoras en 2023 con el nombre de 8 de 8 contra la violencia.
“Es lamentable que el INE invisibilice y despolitice la sinergia lograda por las mujeres de la sociedad civil como actoras políticas, con las diputadas del congreso y demás instituciones del estado y les reste el protagonismo y reconocimiento legítimamente ganado, primero al negarse a escucharlas antes de emitir los lineamientos para el registro de candidaturas y luego renombrar la reforma constitucional”, alegaron.
Igualmente sostienen que el INE no hizo una adecuada ponderación de los derechos, principios y valores constitucionales que estaban en juego, privilegiando la protección al derecho a ser votado, pasando por alto el sistema normativo de derechos humanos, “es decir, no se preocupó por determinar el grado de afectación de los derechos y su justificación”.
“Ni el INE ni otras autoridades, tanto a nivel nacional como local, revisaron adecuadamente a los candidatos, pasando por alto la presencia de agresores en su deficiente investigación y análisis de los postulantes”, agregaron.
