Por. Ivonne Melgar
El llamado plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos prioridades: descabezar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y llevar a las urnas la elección de ministros, jueces y magistrados.
Desde el oficialismo radical, esa liquidación implica defenestrar a la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña y a la mayoría de los ministros. Hay legisladores de Morena y PT que hablan incluso de juicio político. Según ese discurso, el resultado del 2 de junio les dio manga ancha para que, en el primer trimestre de 2025, el INE haga elecciones para definir a los futuros juzgadores.
En palabras del diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, “el nudo de la propuesta es que haya voto popular para elegir a jueces y magistrados”.
Este miércoles, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT-Morena) advirtió: “Nos puede pedir la oposición lo que quiera, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México (…) Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio”.
Menos radical, la mandataria electa se ha pronunciado por una nueva consulta sobre la iniciativa que el presidente López Obrador envió el 5 de febrero, dentro de un paquete de 20 reformas.
Este nuevo ejercicio se realizará asumiendo que la futura Presidenta fue respaldada por 59% de los asistentes a las urnas, mientras su coalición legislativa recibió el 55% de los votos.
Esto significa que más de la mitad de los electores decidió que Morena, PT y PVEM represente sus intereses en la Cámara de Diputados. Pero otro 43 por ciento depositó su voluntad en futuros legisladores del PAN, MC, PRI y PRD.
Independientemente de cómo se resuelva la polémica de la sobrerrepresentación cuando se asignen los representantes plurinominales, esos porcentajes son los que importan cuando la Presidenta electa promete gobernar para todas y todos.
Un primer paso es que la nueva consulta sea plural. Y al menos así luce la intención de los siete coordinadores de los diputados que ayer resolvieron invitar a los 11 ministros, a jueces y a todos los magistrados para que expongan sus propuestas y razones. Otro síntoma positivo fue el respaldo unánime de realizar esos foros que este miércoles por los diputados y senadores de la Comisión Permanente, sede del Congreso cuando hay receso en las cámaras.
En respuesta, el jueves 27 de junio se inaugurará este parlamento abierto de nueve “Diálogos Nacionales”: dos en la Cámara de Diputados y el resto en entidades de la República, para concluir el 8 de agosto.
El plan es que el dictamen quede aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales antes del 28 de agosto para que sea heredable a la siguiente legislatura. De lo contrario, la iniciativa se desecharía. De manera que la futura Presidenta deberá tejer desde ya con los diputados salientes la confección del proyecto, y con el presidente López Obrador, a quien hasta hoy nunca le cambiaron ni una coma.
Y, a partir del 1º de septiembre, Sheinbaum tendrá que tejer todavía más fino con los diputados y senadores de la 66 legislatura que aprobarían la reforma para convertirla en decreto.
Porque durante ese mes patrio, López Obrador seguirá siendo el jefe del Estado mexicano y jefe político de las bancadas oficialistas. Sheinbaum tomará protesta el 1º de octubre. Sabedores de esa delicada transición, en la Comisión Permanente de este miércoles se prendieron algunas alarmas.
“Habrá que tener mucho cuidado con las mil 600 plazas que van a cesar en su encargo, ¿qué sucederá con todas estas personas que han desarrollado una carreja judicial?”, preguntó el senador Miguel Mancera (PRD).
En esa sesión del día 19, la oposición llamó a evitar que el crimen organizado se cuele en una eventual elección de los juzgadores. Y la senadora Beatriz Paredes (PRI) resumió la duda mayor para los dos meses por venir “si el margen de maniobra y de ejercicio en el poder de la nueva Presidenta se dará con toda la independencia que requiere el Estado mexicano para su renovación”.
¿Escucharán los morenistas y petistas con respeto a Norma Piña si asiste el próximo jueves a San Lázaro o la tratarán con la saña que ahora despliegan los voceros gubernamentales en contra de todo aquel al que consideran su adversario?
De un auténtico diálogo republicano depende la construcción de una reforma que atienda los argumentos de todos, incluyendo a quienes alertan de los riesgos de una destrucción a hachazos del Poder Judicial.
Sheinbaum tiene la oportunidad de liderar ese cambio de clima. De lo contrario, antes de tomar posesión estaría perdiendo el impulso de una reconciliación de la que este miércoles hablaron Beatriz Paredes y la diputada Yeidckol Polevnsky (Morena). Porque no es posible pacificar los conflictos de una sociedad sin un Poder Judicial autónomo, integrante de un Estado de derecho, con una sana división de Poderes.
Y hay expectativas de que Sheinbaum nos sorprenda con oficio político en la resolución de este primer desafío.
Porque, en plena transición, durante los dos últimos meses de López Obrador, ocurrirá el diseño de esta reforma constitucional que marcará el sexenio de la primera Presidenta de la República.
