A pesar de contar con la mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, la tasa de aprobación de las iniciativas del presidente López Obrador durante su gestión no sólo fue menor que la de sus tres últimos antecesores, sino que ha sido la más baja alcanzada por un Ejecutivo Federal desde 1917, destaca una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “La tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo Federal 2018-2024: entre el gobierno dividido y la falta de oficio político “, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, detalla que la tasa de aprobación de las iniciativas del presidente López Obrador fue del 63.36%; frente a un 79.84% de Peña Nieto; 79.55% de Calderón y 74.70% de Fox; mientras que de 1917 al año 2000, la tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo fue superior al 98%.
Destaca que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 8 de mayo de 2024, el presidente López Obrador envió 101 iniciativas al Congreso de la Unión, de las cuales 64 fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
La investigación apunta que el resto de las iniciativas del mandatario no fueron aprobadas debido a múltiples causas, destacando la falta de mayorías calificadas, estas últimas necesarias para el avance de las reformas constitucionales.
Sin embargo, el estudio también identifica otros factores que disminuyeron la eficiencia del Ejecutivo como promotor de leyes, entre los que se encuentran su política de confrontación con la oposición, poca disposición para negociar y el uso de las iniciativas como instrumento electoral en la recta final del sexenio.
Agrega que las iniciativas del Ejecutivo no sólo enfrentaron las resistencias del Poder Legislativo, sino que algunas de las más emblemáticas fueron invalidadas mediante el control constitucional de Corte, lo que dio lugar a una confrontación con el Poder Judicial de pronóstico aún incierto.
En ese sentido, sostiene que los índices de rechazo legislativo y de impugnabilidad judicial de los últimos años sugieren que, tratándose de la agenda legislativa del Ejecutivo, la política de concertación es más efectiva que la política de confrontación.
