Por. Saraí Aguilar
No todas son las Reinas del Sur ni lo que las redes o las narcoseries pintan.
En los últimos años una realidad es que las mujeres han aumentado su participación en las actividades del crimen organizado. Las estadísticas lo corroboran.
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), entre 2017 a 2022 se registró un crecimiento en el número de mujeres privadas de la libertad por delitos asociados al crimen organizado. Las cifras de mujeres sentenciadas y en prisión preventiva por estos delitos pasaron de 9 mil 754 en 2017 a 11 mil 295 en 2022, lo que equivale a un incremento en la tasa de 15 a 17 por cada 100 mil habitantes.
No obstante, la vida no es como las series de plataformas. En la vida real, de acuerdo con el reporte presentado recientemente por el centro de estudios Insight Crime, “en el caso de economías criminales, como el tráfico de armas o drogas, las autoridades usualmente arrestan a mujeres en los eslabones más bajos de las cadenas de suministro”.
Para ello nos da las siguientes cifras: “el 65% de las mujeres presas por narcomenudeo en 2022 estaban acusadas de posesión simple y posesión con fines de comercio. En el caso del narcotráfico, el 30% fueron detenidas por posesión y el 25% por transporte de drogas.”
Y si bien ante la ley no hay delito pequeño y no se busca que se minimice o se dé impunidad a los actos delincuenciales, sí es digno de analizar la manera cómo el género no sólo influye en las jerarquías de las redes del crimen, sino la perspectiva de género en la impartición de justicia.
Por ejemplo, para Angélica Ospina —investigadora de International Crisis Group, en entrevista para el mismo Insight Crime— la proporción de condenas y permanencias de las mujeres en reclusión por delitos del crimen organizado tiende a ser más dura debido a que, al ser las posiciones más débiles de la cadena, son las más propensas a caer en prisión y ser abandonadas por los cárteles sin apoyo para su defensa, al ser fácilmente reemplazables, al contrario de los cabecillas, por lo general hombres.
Esto lo demuestra la organización con los datos del INEGI, los cuales señalan cómo las mujeres acusadas por delitos de crimen organizado son más propensas a permanecer en prisión preventiva en comparación con los hombres.
Por ejemplo, para el final de 2022, el 47% de ellas no había recibido sentencia, comparado con el 36% de los hombres presos por los mismos delitos. Algunos otros reportes e investigadores señalan que incluso algunas mujeres privadas de su libertad ni siquiera son quienes han ejecutado los secuestros, sino que son engañadas o usadas como “tapaderas” de parejas sentimentales y son ellas quienes terminan expiando el delito del perpetrador.
Mientras algunas dan su resto en tiempos electorales defendiendo a los hombres fuertes de sus partidos, nadie voltea a ver a aquellas olvidadas en la sombra.
