La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, demandó a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a las autoridades electorales, asumir su responsabilidad política y social para garantizar seguridad en este proceso electoral.
“Es obligación de las autoridades de gobierno de los tres niveles otorgar garantías a electores y candidatos, no polarizar el ambiente y dejar que la gente decida en libertad, y del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) fungir como árbitros sin sesgo”.
“Porque no se trata solo de la seguridad, sino también de respetar la legalidad. Los funcionarios deben de mantenerse al margen de participar activamente en la elección”.
En el rubro de seguridad, Guerra Castillo expresó su preocupación porque de septiembre de 2023 a la fecha se han contabilizado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, de acuerdo con la plataforma Integralia.
Y es que de acuerdo con el reporte, estados como Guerrero, Michoacán y Chiapas registran mayor cantidad de víctimas, por lo que los “gobiernos estatales deben ofrecer mayores condiciones de seguridad y no pretender se normalice la violencia hacia candidatos, dirigentes partidistas y la sociedad en conjunto”, consideró.
La presidenta de la Cámara de Diputados destacó el grado de vulnerabilidad que enfrentan las autoridades electorales, pues preocupa que las juntas locales de los OPLES de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas solicitaran medidas de seguridad para protección a capacitadores electorales y resguardo de material electoral.
