Por. Saraí Aguilar
Que los abusos no sean normalizados como usos y costumbres. Eso justamente se votó en días pasados en el Senado, al prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas.
El cambio en la Carta Magna fue hecho el martes 13 de febrero, y de ahí fue turnado a la Cámara de Diputados.
“La Cámara de Senadores avaló una reforma a la Constitución Política para establecer en su artículo 2 el respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que vivan en pueblos y comunidades indígenas, para que no pueda justificarse en el ejercicio de los usos y costumbres de esas regiones alguna práctica que vaya contra los derechos de los menores”, indica el comunicado de la Cámara Alta.
A pesar de que desde 2019 está prohibido el matrimonio infantil en México, esta práctica sigue ocurriendo en varias regiones del país como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde es común la venta de niñas a partir de los 11 años sin que la autoridad lo prohíba, alertaron las organizaciones Save the Children, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (Redim).
En octubre del año pasado se viralizó el caso de Angélica, una adolescente que al huir de su esposo fue detenida y recluida en una cárcel por 11 días, luego de que su suegro solicitó que fuera puesta en prisión en la comunidad de Dos Ríos.
En ese momento, para el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema careció de importancia. Incluso denostó a las reporteras que le preguntaron por el tema en una visita a Guerrero, una de las entidades con mayor incidencia de venta de esposas y niñas. Las acusó de estar criminalizando la pobreza, pues esos casos no eran la regla sino la excepción. Además, dijo, “los pueblos tienen valores”. De tal manera que no importaba si las infancias eran vulneradas. Al cabo, parecía decir, eran poquitas. Y como si ser un violador fuese cuestión de valores y cultura.
Pero, además, las organizaciones anteriormente mencionadas tenían, ellas sí, otros datos. Estas señalaron que de las 153 mil 485 mujeres de entre 12 y 17 años con al menos un hijo, el 80 por ciento está dentro de una unión arreglada, es decir, que son vendidas.
El Senado dio la razón a la realidad que se vive por miles de infancias y no a la que se vive en Palacio Nacional. Que los usos y costumbres en ocasiones vulneran a los menores de edad. Que ser de una comunidad indígena o pobre si bien no criminaliza, tampoco purifica.
Pero ahora toca dar la batalla en la vida cotidiana. Donde los decretos no cambian costumbres ni las leyes parecen alterar a los violadores y tratantes. Que se entienda que las niñas no son novias, no se venden y no se tocan.
