Por. Ivonne Melgar
La elección de Estado se encuentra en marcha cuando el gobierno interviene cotidianamente, violando el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe su intromisión.
Cuando se presiona al INE para que la ineptitud sustituya, en las áreas administrativas y operativas, al personal que se conduce en apego a las reglas de un árbitro autónomo.
Cuando, como se publicó en Excélsior este miércoles 14 de febrero, gracias a la investigación de Aurora Zepeda, se intentan ocultar los antecedentes de las nuevas contrataciones.
Cuando un funcionario con una carrera electoral de 32 años, respetable, como el maestro Ignacio Ruelas Olvera, renuncia al INE “porque se me quería convertir en un sicario administrativo y eso no va conmigo”, según declaró al periódico hidrocálido digital en septiembre, luego de haber dejado la Dirección Ejecutiva de Administración.
Claro que hay riesgos de una elección de Estado cuando los 30 sistemas informáticos –incluido el PREP– para la organización, capacitación e integración de mesas directivas de casillas y seguimiento del proceso electoral improvisa proveedores, contrata empresas patito, bajo el argumento de la austeridad.
Y es que si no se aplican los procedimientos que desde su condición autónoma fue construyendo el IFE ciudadano en 1996, y que el INE mejoró desde 2014, ocurren situaciones como las que ahora pasan: retraso en la conformación del PREP, en la entrega de celulares, chalecos e insumos diversos.
Así como en el caso de los uniformes: retrasos porque la empresa ganadora debió repartir la tarea en pequeños talleres.
Funcionarios de carrera, consejeros, observadores y representantes de partidos políticos se han dado cuenta de que la presidencia de Guadalupe Taddei se encuentra presionada por el gobierno para que modifique procedimientos y proveedores bajo la propaganda negra de que lo que había antes era “de Lorenzo Córdova”.
Y aunque esos problemas internos y fallas administrativas son producto de la imposición de nombramientos con gente poco apta, el INE tiene la capacidad para sacar adelante las elecciones por su servicio profesional electoral en sus 300 juntas electorales.
El problema es que, por maniobras o errores administrativos, se pongan en riesgo procesos que siempre han funcionado bien.
Por eso, frente a las intenciones evidentes del poder gubernamental de seguir metiendo la mano en las elecciones, la exigencia hoy es: respeto a la autonomía del INE.
Y en ese objetivo la observación electoral nacional e internacional sigue siendo, como desde los años 90, garantía de la transparencia en el proceso.
Sin embargo, ya en organismos regionales se activaron las alarmas ante la reticencia que advierten en la actual administración del INE para recibir con puertas abiertas a los observadores. Valga recordar que ahí donde se impide la competencia democrática también se prohíbe la observación electoral externa. Como en Venezuela.
Se trata de muchos pequeños cambios que, acumulados, buscan alterar nuestra normalidad democrática, siendo el caso más escandaloso la operación electoral ilegal que los servidores de la nación realizan cotidianamente.
Sabemos que los promotores del voto en favor de Morena, disfrazados de empleados de la Secretaría de Bienestar, están formados para coaccionar el voto, advirtiéndole a los beneficiarios de los programas sociales que, si no gana Claudia Sheinbaum, se los van a quitar.
Ante ese ejército de 30 mil personas visitando a diario a los potenciales votantes, personas formadas, adoctrinadas, eficaces, mayoritariamente mujeres, mañana miles, acaso millones de ciudadanos saldrán a manifestarse en contra de ese abuso que mancha la democracia.
Si esos defensores de las reglas electorales que construimos en los últimos 30 años también son capaces de entender lo que nos vamos a jugar el 2 de junio, la división de Poderes, los órganos autónomos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán seguir siendo las instituciones de todas y de todos los mexicanos.
Por eso nos vamos a concentrar hoy en el Zócalo de la capital del país y en los espacios más significativos de un centenar de ciudades aquí y en el mundo.
Queremos que los consejeros y magistrados electorales y los ministros y jueces comprometidos con la defensa de la tarea que la Constitución les confirió se sepan acompañados y no sucumban a la presión del gobierno.
Queremos que no se conviertan en instrumentos de la elección de Estado.
Porque necesitamos más democracia y justicia en un país donde en los últimos años nos pidieron que normalizáramos la violencia criminal.
A eso saldremos hoy, con el impulso de una marea rosa dispuesta a exigirles también a los partidos que no traicionen a la única oposición que no se dobla: la de los ciudadanos.
