En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Enrique Graue Wiechers ofreció una disculpa pública por las omisiones cometidas ante la desaparición de la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Mariela Vanessa Díaz Valverde, ocurrida el 27 de abril de 2018
“Si bien corresponde a las fiscalías de Justicia la investigación de los delitos, me disculpo, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante ustedes y ante toda la comunidad universitaria, por lo que pudimos hacer y que no hicimos o hicimos insuficientemente”, expuso ante Gabriela Díaz Valverde, hermana de Mariela.
Manifestó que este es también un compromiso ético y un acto de solidaridad y respeto hacia la memoria de la madre de la estudiante, Herminia Valverde, y de la familia Díaz Valverde, quienes han llevado a cabo una incansable búsqueda ante la dolorosa ausencia de Mariela.
Acompañado por el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; y la directora de la FFyL, Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort, el rector de la UNAM afirmó que, en este caso, la falta de entrega oportuna de información a la familia por parte del personal universitario y la exigencia tardía de su búsqueda y localización, contribuyeron a las dificultades que enfrentó la familia ante las instancias responsables de la investigación para su localización.
Graue Wiechers hizo un nuevo llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que agilice las investigaciones, continúen las acciones para la localización y se coordine con las fiscalías y las comisiones de búsqueda de las diferentes entidades de la República mexicana.
“Para que se esclarezca la verdad, se haga justicia y se dé cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la instancia de procuración de justicia; y para que las entidades de atención de víctimas cumplan con lo dispuesto en la ley de la materia”, subrayó.
El rector expresó que no hay forma de mitigar el dolor y el sufrimiento de las familias de las personas desaparecidas ni es posible cuantificar ni reparar plenamente el daño causado, por eso es importante efectuar medidas tendentes a restituir a las víctimas —directas e indirectas— el ejercicio de sus derechos, a fin de saber: quién, cómo, dónde y por qué se cometieron esos hechos que agravian y fracturan a la sociedad, a las familias y a las comunidades.
“Estamos reunidos para hacer patente nuestra indignación colectiva ante la inseguridad, la violencia y la impunidad que aqueja a nuestra sociedad, y para tener presentes a las más de 100 mil personas desaparecidas y a sus familiares”, remarcó en el auditorio “Dr. Alberto Guevara Rojas”, de la Facultad de Medicina.
La disculpa pública, añadió, es también una ocasión para construir, entre todas y todos, la memoria histórica que permita garantizar la no repetición del flagelo de la desaparición de personas y potenciar todos los mecanismos para una búsqueda eficaz.
“Conscientes de la inseguridad social en que vivimos y de las carencias que en el pasado ocurrieron, hoy la UNAM cuenta con protocolos de actuación para el correcto acompañamiento, la asesoría jurídica, el apoyo psicológico, la comunicación con los familiares y la entrega oportuna y expedita de información a las instancias de procuración de justicia para que estas investigaciones se hagan con enfoque diferenciado y con la debida diligencia”, enfatizó.
El Protocolo de Actuación en Caso de Persona no Localizada está al acceso de todos los responsables de las entidades para la aplicación oportuna.
Respaldo institucional
En su oportunidad, Gabriela Díaz Valverde comentó que la reparación es quizá una de las tareas más difíciles que pueda proponerse una persona o comunidad, pues implica ejercitar la memoria de quienes intervienen en el proceso, en este caso que no olviden lo que un día se les solicitó para encontrar a su hermana.
“Por lo que un día no fue para Mariela -las condiciones mínimas para su búsqueda urgente- que sí pueda ser para los demás jóvenes de esta comunidad”, apuntó.
Exigió a las autoridades hacer lo que les corresponde, desde su responsabilidad, pero, sobre todo, desde la humanidad; que no haya necesidad de exigir justicia, que no se les tenga que demandar empatía; que no se les revictimice en las instituciones.
“Lo mínimo que merecemos las familias y las víctimas es el máximo apoyo, el respaldo de las instituciones, porque así lo establece la ley y esta casa de estudios tiene la facultad de brindar respaldo para protección de su comunidad”. El daño se repara si estamos dispuestos a recorrer el camino juntos y reconocernos como seres humanos en el proceso, acotó.
En tanto, Rodríguez Van Gort explicó que el caso de la estudiante de Letras Hispánicas puso de manifiesto la importancia de contar con rutas de atención y acompañamiento en caso de desaparición de una persona de la comunidad universitaria.
Ahora, dijo, ya hay un protocolo con directrices, responsabilidades y acciones que buscan evitar que se repitan los equívocos y omisiones, que las instancias universitarias colaboren coordinadamente con las de procuración de justicia para fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, a fin de hacer valer el derecho de las personas a ser buscadas de manera inmediata, y que en el caso de las mujeres se realicen con perspectiva de género.
La directora refirió también que se conformó el espacio sororal de acompañamiento interuniversitario, integrado por la madre y hermana de Mariela Vanessa; académicas de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana y colectivos que lograron que el estatus jurídico de la joven cambiara de persona ausente a desaparecida y que, ante el contexto agravado de violencia hacia las mujeres en la alcaldía Iztapalapa, la investigación se realizara con perspectiva de género.
En tanto, Roxana Romero Román, integrante del colectivo “Nos hacen falta”, aseveró que la disculpa pública por parte de la UNAM es un logro de la familia de Mariela que no ha parado de localizarla desde el 27 de abril de 2018, así como de familias de personas desaparecidas, colectivas e integrantes del movimiento estudiantil.
La esperanza de la familia Valverde, abundó, ha sido una llama que incendia los corazones de quienes los acompañan en la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia y la garantía de no repetición.
De acuerdo con un reporte del colectivo “Nos hacen falta”, del 2002 y 2020 se registraron 96 casos de personas asesinadas o desaparecidas de la comunidad universitaria: 12 desapariciones, una desaparición forzada, 44 homicidios, 25 feminicidios, cuatro ejecuciones extrajudiciales y tres muertes accidentales.
De ellas, 20% han sucedido en las instalaciones o inmediaciones de la UNAM; el 27% de los casos ocurrió entre 2017 y 2018.
“Estamos hartas y hartos de pertenecer a una universidad que se lava las manos diciendo que no es su responsabilidad construir justicia en este país, que simplemente nada de esto le toca”, reprochó Roxana.
Asimismo, Samantha Zaragoza Luna, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recordó que el país ha rebasado la vergonzosa cifra de 112 mil personas desaparecidas y la universidad no puede ser ajena al análisis complejo de este fenómeno. Sostuvo que las instituciones de educación superior tienen compromisos éticos, académicos y políticos ante esta problemática.
La desaparición de universitarios, aclaró, no es problema sólo de los afectados y sus familias, y demandó que se les brinde acompañamiento profesional, que no se les deje enfrentar en soledad a las instancias gubernamentales. También que haya pronunciamientos institucionales oportunos.
“La Universidad puede y debe ejercer presión política ante las instituciones encargadas de la investigación y localización de las personas desaparecidas, ante los medios y la sociedad, sobre todo en las primeras horas de los hechos que son vitales”, concluyó.
