La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cometió violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) en detrimento de una exlegisladora y diversas diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como representantes partidistas.
Ello, tras concluir que las publicaciones en redes sociales, relacionadas con las expresiones de Sansores San Román, en el programa “Martes del Jaguar”, contienen violencia sexual, simbólica, verbal, mediática, digital y psicológica, que afectó su dignidad, seguridad, libertad e integridad personales, sus derechos al honor y la intimidad, al demeritar su desempeño legislativo, inteligencia y capacidades, al estereotiparlas por el sometimiento a una figura masculina a través de diversas imágenes que referían que sus logros y carrera se debían a dicha persona.
“Respecto de las manifestaciones de la gobernadora, se determinó la eficacia refleja de la cosa juzgada, al considerar que éstas ya fueron analizadas por la Sala Superior de este Tribunal Electoral al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-613/2022, en el que señaló la existencia de violencia política de género y se impusieron las medidas de reparación correspondientes”, refirió el TEPJF en un comunicado.
Por otra parte, se estableció que tanto las personas ciudadanas responsables de las cuentas denunciadas, como las personas titulares de las unidades de Comunicación Social del Gobierno y del Sistema de Televisión y Radio, ambos de Campeche, cometieron la infracción al publicar, difundir o, en diversos casos concretos, por no realizar el retiro de las publicaciones que fue ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE). En ese entendido, se determinó sancionar a las partes denunciadas con amonestaciones públicas y multas.
Asimismo, se ordenó la implementación de diversas medidas de reparación integral como la publicación del extracto de la sentencia, la publicación de una disculpa pública en redes sociales y el retiro de las publicaciones que aún se encuentran disponibles, así como la realización de cursos enfocados en la promoción y protección de los derechos de las mujeres.
Entre otras cuestiones, se vinculó a la Secretaría Ejecutiva del INE, para que designe el área que emita lineamientos y contenido que permita la implementación de un programa de reeducación integral para personas agresoras en materia de violencia política contra las mujeres, así como de un programa de re-empoderamiento en favor de las mujeres dedicadas a la política.
Finalmente, se ordenó la inscripción de las personas infractoras en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género durante periodos que van desde los 6 meses hasta los 4 años y medio, de conformidad con las particularidades de las conductas desplegadas y la calidad de las personas que cometieron la infracción.
