Este miércoles la Comisión Permanente declaró la constitucional de la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, la reforma en materia de suspensión de derechos a deudores alimentarios y agresores de mujeres para ocupar un cargo en el servicio público.
Luego de que esta fuera aprobada por más de 16 congresos locales, se declaró en el Senado su constitucionalidad y fue remitida al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.
“Estamos de fiesta”, declaró la diputada Aleida Alavez al celebrar junto con otras diputadas de diversas bancadas, que la Comisión Permanente declarara la reforma constitucional de la “Ley 3 de 3 contra la violencia”, ya que dicha legislación fue aprobada en 23 congresos locales.
“Éste es un esfuerzo de todas y todos los que acompañamos el trayecto del proceso parlamentario, desde la presentación de la iniciativa en el Grupo Plural en la Cámara de Diputados, compuesto por legisladoras de todos los grupos parlamentarios y, a su vez, por la Cámara revisora, que fue el Senado de la República”, indicó en rueda de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado.
Acompañada de las diputadas Amalia García Medina (MC), Gabriela Sodi Miranda (PRD), María Rosete Sánchez (PT), Marisol García Segura (Morena) y legisladoras de diversas bancadas, Alavez Ruiz indicó que dicha iniciativa que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución, busca que quienes ejerzan violencia contra las mujeres o sean morosos en su pensión alimentaria no ocupen un cargo público o de servicio público.
La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que dicha iniciativa de Ley tuvo un proceso muy rápido, sobre todo, en la aprobación en los 23 congresos locales y, con ello, el aval que requiere una reforma constitucional.
Aseguró que la “Ley 3 de 3” llegó para quedarse y para que ningún violentador llegue al poder, “esto quiere decir que en cargos de elección popular o en el servicio público, no podrán acceder quienes violenten a las mujeres en cualquiera de las modalidades que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también a quienes sean declarados morosos en la pensión alimentaria, esto también incluye al titular de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Enfatizó que dicha reforma fue construida en la pluralidad de ideas y composición tanto de las Cámaras de Diputados y Senadores, y con este aval de los congresos estatales.
“Queremos decirles a las mujeres que la Legislatura de la Paridad no se quedó solamente en un armado paritario de mujeres y hombres, estamos trabajando en la igualdad sustantiva para que más mujeres vivamos en entornos pacíficos, igualitarios y donde podamos convivir con nuestros seres queridos de manera totalmente pacífica”.
Por su parte, la diputada Amalia García Medina de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que dicha Ley trata de que la ética y el respeto a los derechos humanos se apropien de los espacios públicos.
“Por eso, lo que hemos planteado las mujeres en un lazo indisoluble que nos unifica a diputadas y senadoras de todos los grupos parlamentarios, a mujeres de la sociedad civil, impulsoras de esta iniciativa, a mujeres de la academia y a la sociedad en general es que ningún violentador pueda estar en espacios de poder y públicos”.
Recordó que en 1923, en el primer Congreso Feminista Panamericano, que se llevó a cabo en el país, se planteó en sus resolutivos, que a cada padre de familia que se divorciará o abanadonara la familia se le obligará a pagar al menos 30 pesos por cada hijo e hija. “Hoy a 100 años de eso, se aprueba la Ley que permite que las mujeres y los hijos e hijas estén respaldados”, señaló.
En su participación, la diputada Gabriela Sodi Miranda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que fue hasta que se integró la mesa del Grupo Plural cuando todas las fuerzas políticas de la LXV Legislatura se sentaron a discutir el tema y decidieron dejar de lado otros temas, para priorizar dicha Ley, la cual “no era solo un membrete, sino que luchamos y decidimos ante todos los antecedentes esta fuera una realidad”.
Asimismo, agradeció a los congresos locales que con fuerza impulsaron la iniciativa y la pudieron dictaminar, así como a todos los que hicieron realidad esta reforma.
En su oportunidad, la diputada María Rosete Sánchez del Partido del Trabajo (PT) aseguró que con la “Ley 3 de 3” se acabó la violencia política que se ha ejercido contra las mujeres por el simple hecho de serlo.
“Hoy inicia una nueva historia para la vida pública de México y enfatizar que las mujeres son sororas, trabajo, empatía, valor y fortaleza, y cuando se trata de luchar por (sus) derechos y su protección, (y cuando) se trata de erradicar la violencia de género no tiene colores”, destacó.
La diputada Marisol García Segura de Morena aseguró que se está haciendo historia con dicha Ley, porque dignifica a la clase política no permitiendo que deudores alimentarios, agresores o violentadores puedan ocupar un cargo público. “A ellos les decimos: dialoguemos y dejen de judicializar a la política”.
Insistió que la aprobación de dicha ley fue de las diputadas, senadoras y legisladoras locales, que poco a poco han alzado la voz. “Estamos en un país donde las mayorías locales también se articulan con las mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, y esas mayorías somos de Morena”.
“No caigamos en la provocación impulsada, por aquellos que, principalmente, tienen temas pendientes con sus parejas, de revertir este avance y defendamos este cambio jurídico que impedirá que las personas que no cumplen con sus obligaciones puedan acceder a un cargo público”, apuntó.
Finalmente, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, mencionó que dicha ley es resultado de un trabajo serio, profesional y colaborativo entre muchas actoras y actores que están en el ejercicio de la política, pero, que “sabemos tenemos una responsabilidad en el ejercicio de lo público”.
“Hoy estaremos dando con la declaratoria constitucional, un paso sustantivo lo que implica una gran responsabilidad para todas y todos, hacer que la política sea dignificada, y por supuesto, que ningún agresor, ningún violentador, ningún deudor alimentario acceda al poder”, concluyó.
