Por. Patricia Betaza
Recientemente el Senado aprobó reformas al Código penal Federal para castigar de ocho a 15 años de años cárcel a quien obligue a casarse o estar en algún tipo de unión, a niñas y mujeres menores de 18 años.
Desde el 2019 se prohibió el matrimonio infantil en México. Sin embargo, no se logró frenar la problemática por varias razones: los usos y costumbres prevalecientes en comunidades indígenas y rurales, la pobreza y la marginación.
Además la prisión de hasta 15 años años podría aplicarse también no sólo al que obligue, sino a quien organice, celebre o fuerce el matrimonio infantil, o la venta y trueque, común en algunas comunidades.
De acuerdo con la senadora Olga Sánchez Cordero estas prácticas atentan contra el interés superior de la niñez y representan un menoscabo a los derechos fundamentales.
Alrededor de 38 uniones se registran todos los días en el país entre menores de edad y adultos, según la diputada Eufrosina Cruz; y la organización Save de Children dice que una de cada 100 niñas de entre 12 y 14 años son obligadas a casarse o a estar unidas de manera formal.
Los estados con los mayores casos de matrimonio infantil son Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.
La reforma para castigar con cárcel el matrimonio infantil, ya fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para su entrada en vigor. Además de penas de hasta 15 años, se impondrán sanciones económicas.
De acuerdo con expertos, de lo que se trata ahora es de que con las penas de cárcel y multas económicas ayuden ahora sí a poner un freno en la práctica ancestral del matrimonio infantil, pero para ir más de fondo, se necesita reforzar la educación y combatir la pobreza, porque hay un enorme vínculo entre esa desigualdad y el que niñas y adolescentes estén en una situación vulnerable. Hay quienes con el matrimonio infantil, ven una forma de quitarse una carga económica u obtener alguna recompensa.
