Por. Ivonne Melgar
Cuando Malú Micher advirtió el miércoles 13 de abril, en la tribuna del Senado de la República, que “allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar”, el rechazo a la pretensión de amarrarle las manos al Tribunal Electoral se había vuelto irremontable.
Fue una declaración que abiertamente contradijo el cabildeo que entre las bancadas de Morena, PT, PVEM y PES hizo a favor de la reforma, ese mismo día, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien habló de la importancia que para el gobierno tenía acotar los alcances interpretativos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y esas dos escenas confirmaron que la negociación de la reforma se había convertido en terreno de jaloneo de la partidocracia mexicana: de un lado, las llamadas corcholatas buscando mejores condiciones para promoverse y, de otro, la oposición de Va por México, más preocupada por la alternancia de género que por competirle en serio a la autoproclamada Cuarta Transformación.
“¡Allá hay patriarcado y aquí hay feminismo! ¡No pasará!”, sentenció la senadora de Morena e integrante del equipo de campaña del canciller Marcelo Ebrard.
La advertencia de Malú Micher anticipaba el entierro de una iniciativa que los coordinadores de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD habían construido antes de Semana Santa en San Lázaro, con el fin, dijeron, de delimitar los alcances del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en asuntos que, alegaban, eran competencia del Congreso.
La idea de atajar a los magistrados electorales se había concebido desde 2021, ante las resoluciones que obligaron a los partidos a la paridad en las candidaturas a los gobiernos estatales; y a postular diputados que representaran a pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y comunidad de la diversidad sexual.
Con el aval de sus respectivas dirigencias partidistas, los coordinadores en la Cámara retomaron esa idea después de que el TEPJF les instruyó que las finalistas de la quinteta para relevar la presidencia del INE debían ser sólo mujeres y la resolución se sustentó en la necesidad de que ahí se concretara la alternancia de género.
Una vez que la iniciativa se filtró en los medios y en la conversación en redes sociales, en la última semana de marzo, el día 27, la Red de Mujeres en Plural lanzó la alerta de que modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución afectaba la protección y garantía de los derechos políticos de las mujeres y atentaba contra la democracia.
Y aunque por las vacaciones de los primeros días de abril bajó el volumen a los reclamos, éstos fueron creciendo exponencialmente mientras más se conocían las implicaciones de una propuesta que, por fin, rompía la polarización entre las dirigencias partidistas, unidas en el interés de garantizar manga ancha para el reparto de las candidaturas hacia 2024, alegando un intervencionismo excesivo del TEPJF en la vida interna de sus partidos y en el Congreso.
La incongruencia de la oposición del PAN, PRI y PRD alcanzó niveles inéditos cuando, en lo oscurito, aceptaron las peticiones de Morena de aprovechar la reforma para despenalizar los actos anticipados de campaña, una pretensión contenida en el mismísimo plan B que tanto cuestionaron, el cual también ponía en riesgo la garantía de la paridad de género y debilitaba al Tribunal Electoral.
Al activismo de Mujeres en Plural, que buscó a los diputados de todas las fracciones para argumentar por qué su iniciativa significaba la destrucción de la democracia constitucional, dando paso a la impunidad en la vida de los partidos, se sumaron las organizaciones de la marea rosa del 13 de noviembre y el 26 de febrero, viralizando la exigencia de que El Tribunal Electoral tampoco se toca.
Ese mismo miércoles 13 de abril, las presiones externas obligaron a la dirigencia de Marko Cortés, en Acción Nacional, a bajarse de la impugnada reforma que, además, carecía del arropamiento sincero entre los diputados. Esa decisión arrastró irremediablemente a sus aliados del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, a quienes les tocó cumplir lo que discursivamente han ofrecido: hacerse acompañar de los ciudadanos y de sus activistas.
En la encerrona que la bancada panista tuvo en San Lázaro el martes 12, y que concluyó en la madrugada, Margarita Zavala, Juan Carlos Romero Hicks, Humberto Aguilar Coronado, Jorge Triana y el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, manifestaron su rechazo y sus dudas sobre un proyecto impopular, y con el calendario electoral encima. En los grupos parlamentarios del PRI y del PRD igualmente había voces en contra. Pero en los tres casos cerraron filas con las negociaciones que sus coordinadores seguían realizando.
En contraste, una decena de diputados de Morena rompieron la simulación del consenso ventilando sus desacuerdos con una reforma contraria a las acciones afirmativas: Irma Juan Carlos, Salma Luévano, Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes, Sergio Peñaloza, Susana Prieto, Mónica Herrera Villavicencio y Aleida Alavez.
Si bien ahora el coordinador de la mayoría legislativa, Ignacio Mier Velazco, le echa la culpa a su homólogo del PAN, Jorge Romero Herrera, por haberse rajado en el pacto que habían hecho, la realidad es que ambos fueron derrotados al interior de sus propios partidos.
