El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, reveló una red de corrupción por medio de la cual el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, obtuvo contratos por un monto de 745.9 millones de dólares.
Así lo dio a conocer en la conferencia matutina de presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que detalló que esto derivó en un juicio de carácter civil en el estado de Florida en contra de García Luna, así como de una serie de personas y empresas que formaron parte de esta red.
“Durante el tiempo en que García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, indicó.
“Bajo el auspicio de García Luna un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, A partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.8 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”, expuso.
“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en el estado de Florida. El actual gobierno de México, por medio de la UIF, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos”, subrayó.
Como consecuencia de esto, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias antela Fiscalía General de la República (FGR), el 24 de diciembre de 2019, por los delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Asimismo, se interpuso una demanda de carácter civil en un tribunal del estado de Florida el 21 de septiembre de 2021, del cual se está esperando que se resuelva un recursos judicial para iniciar el juicio.
“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en el estado de Florida, con la intensión de resarcir el daño al erario”, manifestó.
Pablo Gómez destacó que estas operaciones ilícitas a manos de García Luna se presentaron por 20 años, incluido el sexenio peñista, “cuando ya no era servidor público”.
“Se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo”, argumentó en la conferencia matutina.
