Por. Saraí Aguilar
“Tengo miedo de que mi agresor termine lo que empezó y me mate”. En esa frase, la saxofonista oaxaqueña atacada con ácido, María Elena Ríos, resumió el miedo de miles de mujeres en México.
Ríos comenzó un calvario hace tres años y medio. Ella fue atacada con ácido y sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Sobrevivió para enfrentarse con la corrupción de un sistema judicial que permite a los hombres, y más si son poderosos, violentar y matar mujeres. Lo permite con impunidad e indiferencia ante sus violencias.
María Elena fue pareja del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, un empresario gasolinero, a quien ella señaló como el autor intelectual del ataque.
Y como es de esperarse, el pacto patriarcal y la impunidad se hicieron presentes.
El proceso ha estado plagado de irregularidades. Vera Carrizal fue detenido en abril de 2020 como presunto autor intelectual del feminicidio en grado de tentativa y un juez ordenó prisión preventiva en su contra. Pero al estar en pandemia, el acusado y su equipo legal generaron una cantidad de artilugios legales y no tanto para evitar el juicio y detener el proceso. La última fue en semanas pasadas cuando consiguieron revocar la prisión preventiva en prisión domiciliaria sin ninguna garantía de seguridad. Fue tanta la presión social que tuvieron que mantener la prisión preventiva.
No obstante que la historia de Elena nos estremece, no es la única ni es extraño que estos eventos pasen en nuestro país.
De hecho, los ataques con ácidos han ido en aumento. Esto se debe en gran parte a que los ataques con sustancias corrosivas eran delitos sin agravante de género en 25 de los 32 estados de México. La marca de la posesión, el año pasado, en el mes de agosto, alcanzaba ya la cifra de 47 casos.
Por ello, el Senado aprobó a finales de octubre de 2022, por unanimidad, castigar hasta con 22 años de prisión a quien agreda con sustancias químicas o ácido a otra persona. El dictamen avalado por los senadores establece que se impondrán de 7 a 13 años de prisión a quien cause a otra persona lesiones con cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar. La pena aumentará si existe o hubo entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.
Pero esto parece ser solo un discurso de papel y para las tribunas. En el día a día, denunciar se convierte en un martirio para las víctimas y, si lo hacen, el pánico de saber que los violentadores probablemente salgan libres y con ánimo de venganza.
¿Hasta cuándo ser mujer será un riesgo de vida en México? ¿Hasta cuándo los agresores disfrutarán de ventajas en los tribunales? Si algo se tiene que corroer es el sistema que protege victimarios y nunca más la piel de una mujer.
