Por. Gerardo Galarza
La nueva ocurrencia del señor presidente de la República de llamar a un ejercicio participativo para medir el grado de aceptación de los mexicanos sobre la propuesta priista (suya, pues) de mantener al Ejército en las calles para garantizar la seguridad pública hasta el 2028, es un buen ejemplo de la manipulación populista para mantener altos índices de popularidad.
Este “ejercicio” no tiene otro objetivo que la distracción y la búsqueda del apoyo de quienes reciben las “becas” de los programas gubernamentales a cambio de un desastroso gobierno.
Será impulsado para decir que el “pueblo bueno y sabio” quiere a los militares en las calles, pese a la promesa del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador -quien ya cambió de opinión, según dijo él-, y de paso poner bajo presión social a los legisladores opositores, quienes se convertirán en traidores al “pueblo” al no responder a “su opinión”.
Otro objetivo de esa ocurrencia es volver a atacar al Instituto Nacional Electoral (INE), que constitucionalmente es el responsable de la consultas populares legales y por lo tanto vinculatorias.
En cuanto en las redes sociales y miembros de la oposición hicieron notar que los temas de seguridad pública y seguridad nacional están prohibidos llevarlos a consulta popular, el presidente dijo el lunes que ese ejercicio lo organizará la Secretaría de Gobernación y “no se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado”, lo que recuerda aquella otra manifestación presidencial de “no vengan con la ley es la ley”.
Solicitar una consulta popular de manera legal hubiera llevado al INE a rechazarla por anticonstitucional, pero lo más importante: públicamente se habría debatido la intención de violar la Constitución por parte del gobierno federal.
Por ello, el lunes mismo también inició su nuevo embate contra el INE, organismo al que va a intentar reformar, si no es que eliminar, antes de las elecciones federales de 2024, con el objetivo de tener el control de ellas. Con toda intención populista para desacreditar a una institución producto real de luchas populares por elecciones limpias y creíbles, dijo:
“Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero: viáticos, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces no, así no, saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, los presidentes municipales, las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos, todos, todos”.
Es cierto: una consulta a mano alzada o una encuesta son mucho más baratas que un proceso de votación veraz y confiable hecho como lo ordenan las leyes vigentes.
Además, en sentido estricto, la consulta popular sobre el Ejército y la seguridad pública es intentar legislar fuera del Congreso de la Unión. El presidente de la República lo sabe hacer; lo hizo como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a través de 23 bandos, para evitar procesos legislativos locales.
Más allá de la ocurrencia, la nueva consulta popular o como la vayan a llamar demuestra una vez más la propensión de Andrés Manuel López Obrador por el presidencialismo mexicano sin ningún contrapeso y su desprecio por las instituciones. Ellos son bastiones del ejercicio patrimonialista del poder. Dicho en mexicano: “Mi palabra es la ley”.
