Por. Saraí Aguilar
“Que diga quién le dio la orden”, es lo que Andrés Manuel López Obrador pidió al detenido exprocurador general Jesús Murillo Karam al hablar sobre Ayotzinapa y la “verdad histórica”.
Desde 2014, López Obrador, en ese entonces férreo opositor del entonces presidente Enrique Peña Nieto, tomó la bandera de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa. Así lo externaba en mítines y publicaciones en redes, donde señalaba: “Ayotzinapa es un caso imposible de cerrar sin hacer justicia, de nada les va a servir manipular o querer hacer prevalecer la impunidad”. Y prometió, ya como presidente electo, justicia a los familiares de los desaparecidos.
Y si bien en esto no hay nada reprobable –por el contrario, por el bien de la nación y no solo por revanchismo, es necesario que se esclarezcan los eventos acontecidos con los estudiantes hace ya casi ocho años–, hay algo que no podemos dejar de largo.
La pobreza es signo distintivo de Guerrero. Por ello no es de asombrarse que la Normal Raúl Isidro Burgos sea inevitablemente asociada con la vida de tres maestros guerrerenses: Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas y Othón Salazar Ramírez. Y si bien para muchos esto es sinónimo de subversión, la realidad es que la pobreza ha sido el caldo de cultivo de los movimientos que encabezaron.
Porque la única verdad histórica de la que el presidente parece no querer hablar es que en Guerrero viven los pobres entre los pobres y esto no ha cambiado en su gestión.
De acuerdo con el Coneval, Guerrero permanece sin movilidad como un estado altamente marginado. El 23.7 por ciento de sus habitantes viven en rezago educativo; 13.8 carece de servicios de salud; 75.6 carecía en 2018 de acceso a la seguridad social; 58 por ciento vive en carencia por acceso a los servicios en la vivienda, mientras que el 27.8 vive en condiciones de carencia de acceso a la alimentación. Asimismo, el 26.9 por ciento de la población en Guerrero se encuentra en pobreza extrema, superando al porcentaje nacional que es del 8.5 por ciento (Siempre 2021). Pero hay más datos que nos retratan la realidad de Guerrero. Por ejemplo, sólo el 7.3% de la población estatal es considerada, en la medición del Coneval, como no pobre y no vulnerable. Planteado a la inversa, a fin de dimensionarlo apropiadamente, prácticamente 93 de cada 100 personas son pobres o vulnerables (México Social 2020).
Y esto no ha cambiado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Al contrario, se ha incrementado.
Pues si bien ha anunciado con bombo y platillo que Guerrero es prioridad en su agenda de primero los pobres y supuestas políticas de austeridad franciscana, la realidad es otra. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2018 en México había 52 millones de pobres. Y ya para 2020, los pronósticos de esta agencia latinoamericana para México no eran mejores. “México tendrá la cuarta proporción más alta de población en pobreza de América Latina y el Caribe a partir de 2020”, estimaba la Cepal. Esto equivale a 55.6 millones de personas en situación de pobreza (DW 2020). Esto, que si bien aplica para todo el país, no es diferente para Guerrero.
Así, mientras nuestro presidente despilfarra en proyectos para perpetuar su nombre tales como el Tren Maya o en elefantes blancos como el AIFA, en nada ha variado la condición de vida en Guerrero. Esa es la verdad histórica que no ha enfrentado, en la que no ha sido diferente a sus antecesores. Porque al parecer esa no vende notas ni titulares de diarios. La verdad histórica de que en Guerrero se nace pobre y se muere pobre. Esa es otra de la que debemos exigir justicia ya.
