La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desmintió que exista una negociación o acuerdo de reunión con la presidenta Rosario Piedra Ibarra, con integrantes de un plantón que se apostó a las afueras de la Secretaría de Gobernación.
“La CNDH aclara que no ha participado ni ha sido consultada respecto a esas supuestas negociaciones, que involucran el compromiso de una reunión de esa persona con la presidenta Rosario Piedra Ibarra”, señaló la dependencia en un comunicado.
Relató que “el pasado 21 de septiembre de 2021, un grupo de trece personas se posesionaron de las oficinas de la CNDH en la avenida Picacho, y simulando un supuesto ataque de la policía, destruyeron el lugar, rompieron cámaras de seguridad, robaron infinidad de objetos y destruyeron expedientes de víctimas pidiendo la reinstalación de una exfuncionaria que mantenía contacto con ellas.
Sin embargo, derivado de la gravedad de los daños, la CNDH interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República “en el sentido de la reparación de estos, que implicaban recursos públicos, pero sobre todo la destrucción de expedientes, en afectación de numerosas víctimas”.
Ante ello, la CNDH aclaró que no criminaliza ni fabrica acusaciones; en tanto la denuncia sigue su curso en la FGR “y será ella quien determine las responsabilidades, y consecuentes sanciones, que el caso amerite”.
Refirió que “en algunos medios se ha venido manejando que una persona que participó en dichos hechos, pero que cuenta además con varias quejas en esta Comisión de personas que se identifican como víctimas de ella, se instaló en plantón en la Secretaría de Gobernación por espacio de tres días, afirmando ser víctima de criminalización y persecuciones por parte de esta Comisión y que, acudió a esa instancia por ser “superior jerárquica” de la presidenta de la CNDH, llegando a negociar con autoridades de esa Secretaría diversas cosas, cuya decisión compete solo a este Organismo Constitucional Autónomo.
Agregó que “de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se cumple el supuesto de criminalización de defensores de derechos humanos cuando se hacen denuncias sin fundamento o se imputan delitos que no corresponden con la realidad, para amedrentar su labor y desacreditar sus causas. Que no es el caso”.
