Por. Ivonne Melgar
La estrategia de descalificación en contra del árbitro electoral que Morena, sus gobernadores y funcionarios han escalado en los últimos días subirá de volumen al grito de muerte al INE.
Las palabras de desahucio que recientemente lanzó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre la escasa vida que les restaría a los consejeros y a sus sanciones por actos anticipados de campaña que la 4T no deja de hacer, tomarán carácter de consigna política y legislativa en lo que resta del año.
Y es que este martes 26 de julio iniciarán en la Cámara de Diputados los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral, un tema que de acuerdo con el calendario previsto ocupará la atención mediática y la tensión de los legisladores durante todo agosto.
Según el acuerdo que este miércoles aprobaron los coordinadores de las siete bancadas de San Lázaro, la elaboración del dictamen en las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral, ambas presididas por Morena, se emprendería en septiembre, justo cuando arranque el segundo año legislativo.
De manera que el partido en el gobierno cuenta ya con la ruta institucionalmente avalada para que este tema invada el debate de los diputados, justo en la antesala de las elecciones de Coahuila y Estado de México en 2023 y los preparativos hacia el relevo presidencial de 2024.
“Son en total 49 iniciativas que abarcan todos los temas incluidos en los ejes temáticos que son: el Sistema de Partidos en México, Instituciones Electorales, el Sistema Electoral y Diversidad e Inclusión. Ahí están las iniciativas que han presentado en lo individual, diputadas y diputados, tanto de la 64 Legislatura como de la 65, la iniciativa que ya presentó el Partido del Trabajo, el Partido Acción Nacional y la que remitió el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador”, declaró al informar del acuerdo el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco.
Y, tiene razón, la propuesta de Palacio Nacional que armaron Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el director de Aduanas, Horacio Duarte, no es la única que plantea cambios.
También es cierto que los panistas dieron a conocer su iniciativa con énfasis en la segunda vuelta y en el castigo de la nulidad de los comicios cuando el crimen organizado intervenga en la campaña, sea con financiamiento o aterrorizando al electorado o a los candidatos.
En los hechos, sin embargo, sabemos que el corazón del debate estará centrado en la obsesión presidencial de demoler el andamiaje jurídico que da sustento al actual INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por supuesto que la iniciativa de López Obrador es mucho más que la idea de que consejeros electorales y magistrados sean electos en las urnas conforme a listas de candidatos integradas por los tres poderes. Como si se tratara de reinas de belleza o de personajes populares.
Pero el desacato sistemático de Morena a las resoluciones legales del INE y del TEPJF, así como sus pronunciamientos cotidianos, evidencian que incluso la reducción del financiamiento de los partidos y del Congreso son mera parafernalia discursiva frente a la razón política de fondo: herir de muerte al árbitro y a los jueces del juego electoral hacia 2024.
Y defenestrar hasta la náusea al presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien el gobierno y su partido no han podido doblar hasta ahora y que, sin embargo, terminará su encargo en abril de 2023, junto con los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña.
Se trata de un relevo determinante para el futuro de la democracia electoral constitucional mexicana porque a los funcionarios que han resistido a los intentos de sometimiento de Palacio Nacional solo les restan nueve meses para salvar los instrumentos que hoy garantizan cancha pareja en la disputa del voto y un árbitro ajeno al control presidencial que, en otros tiempos, asfixió la pluralidad.
Y es que una vez que Córdova y Murayama dejen el INE, el dique de contención frente al avasallamiento presidencial podría colapsar. Y así se alerta y se asume en los corrillos políticos. Más aún si en la Cámara de Diputados, con el morenista Mier Velazco al frente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a partir de septiembre próximo, se congela el relevo de los cuatro consejeros salientes o se diseñan métodos ventajosos para seleccionarlos a modo.
El desplegado que difundieron los 22 gobernadores de Morena (en funciones y electos), el secretario de Gobernación, los líderes parlamentarios del partido y su dirigente Mario Delgado, inconformándose con el freno a las campañas anticipadas que les impuso el INE y que los magistrados del Tribunal avalaron, no es un pataleo de papel. Se trata de una declaración de guerra a muerte a dos instituciones en riesgo en su legitimidad social.
Porque ante la escalada de esta embestida vale preguntarnos si la moratoria constitucional que la oposición anunció sigue vigente y valdrá de algo.
Por lo pronto, con sus votos en abstención, PAN, PRI, PRD y MC nada pudieron hacer en la JUCOPO para postergar el Parlamento Abierto. Y de seguir en el pasmo en que los tiene la crisis del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, poco podrán revertir la creciente saña en contra del INE.
Si bien Morena carece de los votos para concretar el deseo presidencial de enterrar al INE, hoy sabemos que trae los guantes puestos para dejarlo moribundo.
