El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, entregó a la Comisión Permanente del Senado de la República un proyecto de iniciativa para crear la Ley General Para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.
“Nuestro país vive una tragedia colectiva, en la cual entre 10 y 11 mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días”, dijo el ministro durante la presentación de la “agenda legislativa para la prevención de la violencia contra la mujer y el feminicidio”, organizado por el Congreso de la Unión.
La propuesta contiene reformas al artículo 73 constitucional y a las leyes aplicables, a fin de contar con el protocolo nacional de investigación de feminicidio y una guía sobre estándares internacionales para investigar los delitos con perspectiva de género.
“Si bien el Estado Mexicano, a través de sus niveles de gobierno, ha tomado acciones para atender la violencia generalizada contra las mujeres, la realidad evidencia que estas no han sido suficientes: la heterogeneidad de los tipos penales de feminicidio, la falta de coordinación institucional en la investigación y persecución de estos, así como en la implementación de políticas públicas, han impedido garantizar de manera efectiva la protección a la vida y la integridad de las mujeres en México”, declaró.
Destacó que “uno de los problemas que tiene estructuralmente el tema del feminicidio es que no está definido de manera adecuada y uniforme el tipo de feminicidio; cada estado lo conceptualiza de una forma diferente”, lo que impide normalizar protocolos de investigación, ya que los tipos son distintos y dificulta una doctrina jurisprudencial que sea aplicable a todos los tipos.
“Esta ley no se agota en el aspecto punitivo; sino que establece, primero, medidas de prevención; segundo, reglas especiales para la investigación; así como medidas de asistencia, protección y reparación integral. Creo que esto es esencial. No es una ley punitivista, sino es una ley que busca prevenir y una reparación integral”, detalló el ministro presidente de la SCJN.
La iniciativa contempla que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 500 a mil días multa. Este es imprescriptible y no está sujeto a criterios de oportunidad, ni formas de solución alterna y prohíbe el uso de mecanismos de solución de controversias en materia penal y la conmutación de la pena.
La sanción aumenta de 60 a 90 años de prisión cuando el feminicidio lo cometa un servidor público, cuando la víctima sea una niña o mujer adulta mayor, cuando la víctima tenga una situación de vulnerabilidad, cuando la víctima esté en prisión o cuando el agresor sostenga una relación de confianza, de parentesco, de autoridad o de otras relaciones desiguales de poder que tuviere con la víctima.
