En su Tercer Informe por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) revelaron que integrantes de la Secretaría de Marina intervinieron en la zona del basurero de Cocula, Guerrero, antes de que se llevaran a cabo las primeras diligencias.
En un video proporcionado por la propia Semar al grupo de expertos, se detallan imágenes captadas el 27 de octubre de 2014 por un dron de la Marina, el ANX 3501, el cual tuvo un tiempo de vuelo de siete horas y 15 minutos, y que incluyó también tomas del Río San Juan.
Cabe señalar que las grabaciones proporcionadas al GIEI cuentan de 100 horas de video y fueron hechas por el área de inteligencia de Semar, a la que, señaló la experta, “sólo dan órdenes el secretario de Marina o el presidente de la República”. Él El video está bajo la reserva de “secretas”.
El dron comenzó a registrar imágenes a partir de 6:39 horas, justo cuando dos camionetas de la Marina llegan a la escena principal del basurero de Cocula, muy cerca de donde se encontraban tres bultos blancos sobre una ladera.
Los elementos de la Semar, aproximadamente 12 personas, caminan por la zona en donde luego se confirmaría la existencia de restos óseos humanos quemados.
Minutos después se aprecia un fuego encendido por los marinos, el cual estuvo activo por aproximadamente unos diez minutos, tiempo en el cual ya se no se aprecian los bultos blancos.
En punto de las las 8:31 horas, se aprecia un convoy de camionetas de la PGR y de la Semar, en las que se encuentra Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, ahora prófugo de la justicia.
Antes de las 10:0 horas se aprecian sobrevolando tres helicópteros, donde uno de ellos intenta aterrizar en el sitio de los hechos, lo que ocasionó que saliera volando material, por lo que volvió a emprender el vuelo.
Pasado el mediodía, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegaron al basurero.
Sumado a ello y con base en información proporcionada por distintas de dependencias, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la experta Ángela Buitrago refirió tres momentos en los que hubo simulación por parte de autoridades de diferentes niveles de gobierno.
“Las autoridades ocultaron, cambiaron información […] para hacer creer que no conocían sobre el paradero de los estudiantes”, dijo.
El informe del GIEI, conformado por Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, exhibe cómo la “verdad histórica” fue construida por funcionarios de los tres niveles de gobierno: la policía estatal, el Ejército, la Semar, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República, la AIC y la Seido.
Entre algunos otros señalamientos destacan:
- Se comprobó que el acta del Río San Juan es falsa.
- El Ejército controlaba el C4.
- Militares estuvieron en las barandillas del Ministerio Público el 26 de septiembre 2014.
- Se detuvo a personas que no tuvieron que ver con los hechos o en fechas alteradas.
- Se aplicó la tortura para obtener declaraciones.
- Se cambiaron las placas de autos oficiales que trasladaron a los normalistas.
- Dependencias de seguridad estatales y federales cocían las actividades de trasiego de amapola desde años atrás. Dicha información siempre se negó.
- Uno de los estudiantes normalistas desaparecidos era infiltrado del Ejército. Estuvo informando a las fuerzas castrenses el mismo 26 de septiembre de 2014 de lo que ocurría en los autobuses.
Por su parte, Claudia Paz y Paz reveló que “hubo operaciones de inteligencia, de seguimiento, casi contra insurgente, a los movimientos de los estudiantes de Ayotzinapa, días antes de su desaparición”.
De acuerdo con la versión histórica del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano.
Sin embargo, esta versión fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El actual Gobierno derrumbó definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el Río San Juan en 2014.
Redacción
